Los Estados miembro de la Unión Europea han respaldado este miércoles ajustes para reforzar los mecanismos de control del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones, que comenzará a aplicarse en 2028 e incluirá al transporte por carretera por primera vez –es decir, el sector tendrá que pagar por sus emisiones desde ese año–. El objetivo de lo aprobado este miércoles por los Estados es evitar subidas del coste del CO2 y aportar mayor previsibilidad en sus primeros años de funcionamiento, según recoge Europa Press.

Los países han aprobado la posición del Consejo sobre una modificación de la reserva de estabilidad del mercado del sistema (el conocido como ETS2, que impondrá un precio a las emisiones derivadas de los combustibles utilizados en edificios y del transporte por carretera). Tras este respaldo, el texto pasará ahora a la fase de negociación con el Parlamento Europeo, que deberá fijar su posición antes de que ambas instituciones puedan cerrar un acuerdo definitivo sobre la reforma.

Los cambios aprobados están orientados a contener posibles repuntes en el nuevo mercado de carbono mediante la liberación de un mayor número de derechos si el precio del CO2 supera los 45 euros por tonelada –a precios de 2020–, lo que podría permitir incorporar hasta 80 millones adicionales al año. La reforma también establece que la liberación de derechos será más gradual cuando disminuya el volumen disponible en el mercado, con el fin de evitar alteraciones bruscas en la oferta y mantener una mayor estabilidad.

Aunque la modificación no altera la estructura general del ETS2, amplía la vigencia de la reserva más allá de 2030 y mantiene disponibles los 600 millones de derechos actualmente almacenados para su posible utilización futura. La propuesta de la Comisión ha sido respaldada sin modificaciones y responde a una iniciativa impulsada en julio del pasado año por 19 Estados miembro que reclamaban una entrada en vigor más fluida del sistema.

¿Qué es el ETS 2?

Aprobado en 2023, el ETS2 obligará a los distribuidores de combustibles a comprar derechos equivalentes a las emisiones generadas por los productos que venden, en un sistema cuyo límite total se reducirá cada año para impulsar la descarbonización y alcanzar una reducción del 42% en 2030 respecto a 2005. Aunque los derechos los tienen que pagar los distribuidores de combustibles, el sector de la carretera no duda que repercutirá en el precio.