No hay una única solución a la falta de conductores profesionales –unos 30.000 puestos vacantes en España y 500.000 en Europa, según el sector–, pero las empresas cada vez buscan más en el extranjero. El extenso informe Conductores de autobuses y camiones procedentes de terceros países elaborado por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) para la Comisión Europea considera que la captación e integración de estos trabajadores es clave para afrontar "la escasez estructural y creciente" de estos profesionales, siempre que se gestione "bajo estándares claros, seguros y armonizados a nivel europeo".

Los itinerarios para incorporar conductores extracomunitarios varían significativamente según el Estado miembro. El informe reprocha que hay directivas de la UE que se combinan con regulaciones nacionales y eso genera duplicidades y procedimientos largos y costosos. IRU señala que los procesos de tramitación pueden durar entre seis meses y un año y suponer costes de hasta 20.000 euros por conductor, incluyendo formación, intermediación y gestión administrativa.

Los empresarios piden facilitar y agilizar los procesos. Los dos grandes "cuellos de botella" que señala el estudio son la obtención u homologación del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) y el permiso de conducir. Canjear el carné de conducir de camión o autobús suele suponer aprobar varios exámenes, al no ser que los acuerdos bilaterales de cada país europeo con otro Estado permitan hacerlo sin exámenes. Esto se puede consultar en la web de la DGT. 

Buenas prácticas

Sobre el CAP, IRU señala que "los títulos de terceros países generalmente no se reconocen y se exige completar la formación inicial en el Estado miembro, incluyendo un requisito de residencia mínima de 185 días para acceder a la formación". En este sentido, España otorga un permiso de residencia a los estudiantes que realizan la formación necesaria para obtener el CAP. Esta es una de las buenas prácticas que el informe aplaude. Además, valora positivamente la coordinación formal entre ministerios y autoridades.

La organización internacional también destaca Polonia, donde los ciudadanos de Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Moldavia pueden trabajar durante dos años basándose en una declaración escrita registrada, en lugar de un permiso de trabajo.

La patronal española Astic es miembro de IRU y su vicepresidente ejecutivo, Ramón Valdivia, cree que este informe refuerza "el mensaje de que la contratación de conductores de terceros países, correctamente gestionada, es una herramienta complementaria para abordar la escasez estructural en España y en el conjunto de la UE".

Una idea que comparte Raluca Marian, directora de relaciones con la UE de IRU: "Solucionar la escasez de conductores requiere un enfoque amplio y a largo plazo. No hay una única solución para paliar esta situación, causada por el envejecimiento de la plantilla y una insuficiente incorporación de nuevo talento, pero con medidas bien combinadas, la UE puede construir una fuerza laboral de conductores resiliente y sostenible".