La coyuntura económica ha sido el argumento esgrimido por el Gobierno para incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2023 una nueva prórroga del límite actual de facturación para acogerse a la “tributación por módulos” (sistema de estimación objetiva de la declaración del IRPF de los autónomos, para los más versados).

Algo que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido de forma unilateral y sin consenso con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Precisamente este órgano decidió en 2020 que no habría nuevas prórrogas a partir de 2022. Algo que han ignorado por completo, como también, y esto es aún más chocante, han hecho con sus propios informes internos contrarios al mantenimiento de este sistema de tributación, un sistema que es rara avis en el conjunto de sistemas fiscales europeos.

Si el Gobierno cuenta en diciembre con la mayoría suficiente para sacar adelante las nuevas cuentas del Estado, los autónomos del sector podrán acceder (o permanecer) al régimen de módulos hasta el 1 de enero de 2024, siempre y cuando no hayan superado el umbral de 125.000 euros de ingresos en 2022, teniendo en cuenta que deben facturar a empresas o profesionales en más de un 50%.

El transporte por carretera, como estamos ya hartos de escuchar y leer, es un sector estratégico para cualquier economía moderna y, en particular, para la española en la que el sector exterior (exportaciones e importaciones) es un pilar fundamental de su PIB. Por eso, en mi opinión, la palabra “coyuntura” chirría, y mucho, en una acción de gobierno. Especialmente cuando se repite año tras año. Necesitamos estrategia, no táctica.

Y, si como casi nadie discute, los males endémicos de nuestro sector tienen su base principalmente en su enorme fragmentación empresarial, estratégicamente se deben tomar medidas que no la perpetúen, sino que la corrijan. Las diferencias fiscales (y de cargas sociales) que se han enquistado, según parece, en nuestro país entre unas formas empresariales y otras, hacen todo lo contrario. Si hacemos una comparativa fiscal y de cargas sociales de empresas, cooperativas y autónomos constataremos las diferencias de trato según sea un trabajador por cuenta propia, ajena o cooperativista.

Sinceramente hemos perdido la cuenta de las veces que Hacienda ha prorrogado este límite máximo de facturación anual, que desde hace años debería de estar fijado en 75.000 euros. No entendemos este absurdo empeño por perpetuar la fragmentación de nuestro sector; en nuestro país operan más de 100.000 empresas transportistas de mercancías por carretera, de las cuales la mitad cuenta con un único vehículo y solo el 20% dispone de flotas compuestas por más de cinco camiones.

¿Cuáles son las consecuencias de esta monumental atomización? Menor productividad sectorial, potencial de crecimiento muy bajo, debilidad a la hora de negociar con clientes y proveedores y poco atractivo para atraer a las nuevas generaciones a la profesión de transportista.

Este último asunto es clave porque el sector necesita unos 20.000 conductores profesionales para atender la actual demanda de movimiento de mercancías. Una demanda que no se prevé que sufra grandes contracciones, a pesar del impacto de la inflación, que choca frontalmente con el hecho de que más del 70% de nuestros transportistas supera la cincuentena y no hay relevo generacional para ocupar estas vacantes.

Ya nos podemos imaginar que, si la demanda del transporte de mercancías se mantiene, e incluso sube, y la oferta baja por falta de profesionales para ponerse al volante de estos camiones, la cadena de suministro se ve claramente amenazada, lo que podría traducirse en problemas de desabastecimiento.

Por eso, si queremos que esta profesión verdaderamente esté en el radar de nuestros jóvenes debemos ganar “músculo” empresarial ya que lo lógico es que prefieran trabajar en una gran compañía que cuente con los recursos y medios necesarios para garantizarle cierta estabilidad laboral; facilitarle un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida personal; proporcionarle programas de formación continua y, por supuesto; ofrecerle más oportunidades de desarrollo profesional.

Los transportistas de Navarra y País Vasco, comunidades que disfrutan de autonomía foral, desde hace un par de años no cuentan ya con la existencia del régimen de módulos como medio para determinar el rendimiento neto de las actividades económicas. ¿Para cuándo en el resto de España?