Una de las características más llamativas del tejido empresarial español es su enorme fragmentación. Por término medio nuestras empresas apenas cuentan con poco más de cuatro empleados, frente a los seis del conjunto de la UE y no digamos ya frente a los más de diez de economías como la británica o alemana. En mi opinión, esto supone un lastre en términos de competitividad (quizá sería mejor decir “de eficiencia”, pero en este caso pueden tomarse como sinónimos) y desde luego, en lo tocante al sector del transporte de mercancías por carretera, la cosa no está mejor.

Deberíamos contar con un marco normativo (fiscal, social, laboral y administrativo) que favoreciese el crecimiento de quienes invierten para crear empresas. Un marco normativo y una “didáctica” apropiada que orientasen a la opinión pública en favor de dicho crecimiento. Pero mucho me temo que se está, más bien, contumazmente machacando en sentido contrario. Parece que cunde el “¡No crezcas, que es peor!”.

Por razones fiscales, societarias, laborales y hasta de obtención de apoyo público ante las dificultades que pueda atravesar la economía nacional e internacional -y estamos en unos años en que no nos faltan dificultades precisamente- superar los 49 empleados o los 6 millones de facturación anual se puede convertir en una pesadilla laboral o en un estrangulamiento financiero, por no mencionar la espada de Damocles que suponen ciertas sanciones con pérdida del requisito de “honorabilidad”  por la infracción de un solo empleado o el creciente impacto de las normativas “compliance”. Pero es que pasar de operar con un vehículo a hacerlo con varios también puede resultar muy poco atractivo por similares razones.

Una de las consecuencias más dañinas, en mi opinión, de todo ello es el exagerado nivel de envejecimiento de nuestro parque rodante que para camiones rígidos, por ejemplo, supera los catorce años de edad media, con las consecuencias que todos podemos imaginar en términos de eficiencia, seguridad vial y nivel de emisiones contaminantes.

Quisiera ser más optimista, pero es que se encuentra uno con este tipo de “discriminaciones” hasta cuando, aplicando la normativa europea, se trata de ayudar a las empresas de este sector como ha sucedido este año en sendos decretos-ley en marzo y agosto, dado su carácter estratégico y su alta dependencia del precio de la energía. Objetivo loable, pero cuya aplicación, haciendo números, nos lleva a darnos cuenta de que quienes más invirtieron y más empleados contrataron, salen perjudicados frente al resto de sus competidores. Mejor sería no haber crecido, se dirán en más de una empresa.

Según el Régimen de Minimis (norma de la Comisión Europea que fija la cantidad máxima de subvención anual que los Estados miembros de la UE pueden conceder a una compañía o grupo de compañías de un sector concreto), el límite de estas ayudas en nuestro sector se establece en 100.000 euros por empresa o grupo de empresas. En marzo este límite se amplió a 400.000 euros: el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que, entre otras medidas, recogía una línea de ayudas directas de 450 millones (1.250 euros por cambión, 950 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias y 300 por vehículo ligero) con el límite de 400.000 euros por empresa. Ayudas de las que, por cierto, se beneficiaron más de 125.000 transportistas (mercancías y viajeros).

Desgraciadamente, este reparto no ha sido igualitario ya que las pequeñas empresas que han solicitado estas ayudas sí que han recibido los 1.250 euros por cada uno de sus camiones; mientras que las empresas de mayor tamaño, con flotas más grandes, no han podido beneficiarse de estas cantidades. Lo ilustro con dos imaginarias empresas de transporte que compiten en el mismo mercado. La primera, que tiene 100 camiones, ha recibido 125.000 euros, mientras que la segunda, con 370 camiones, solo ha podido recibir 400.000 euros, en lugar de los 462.500 euros que le hubieran correspondido, debido al límite máximo fijado para las ayudas.

En agosto un nuevo Real Decreto-Ley habilita un nuevo paquete de ayudas: otros 450 millones de euros a repartir entre las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros. Las únicas diferencias respecto a la anterior tanda de ayudas es que ahora el Gobierno sí tiene en cuenta a los autocares que prestan servicios públicos colectivos urbanos o suburbanos y que el límite europeo se ha ampliado hasta 500.000 euros por empresa y año.

Con esta segunda línea de ayudas, la empresa de 100 camiones recibirá de nuevo 125.000 euros, idéntica cantidad a la de la primera tanda, pues la suma de ambas cantidades en este año no  supera ese medio millón citado. Por su parte, la empresa de 370 camiones solo recibirá, en esta ocasión, 100.000 euros (al límite de 500.000 euros hay que restarle los 400.000 euros que ya recibió en la primera partida).

Es decir, que dos empresas competidoras en el mismo segmento de mercado están siendo "ayudadas", pero no equitativamente ya que la empresa más pequeña está recibiendo 2.500 euros por camión, mientras que la más grande, poco más de 1.350 euros por vehículo. De este modo, toda empresa de transporte que supere un parque rodante de 200 camiones se verá perjudicada frente a sus competidores de menor tamaño.

Admitámoslo: el hecho de que la mayoría de los operadores de transporte sean muy pequeños se traduce, al final, en bajo potencial de crecimiento, menor productividad sectorial, debilidad para negociar con sus clientes o sus proveedores y poco atractivo para atraer talento joven a la profesión de transportista. Si no queremos esto para nuestro sector, es hora de empezar a cambiar.