Quien esté cerca de la actividad real del transporte por carretera sabe que sus integrantes se enfrentan, entre perplejos y desesperanzados, a la creciente discrepancia entre las políticas de transición energética impulsadas por los legisladores de la Unión Europea y la realidad operativa y económica de nuestro sector.

La iniciativa “Green Mobility” está arrastrando una enorme efervescencia legislativa basada en la llamada “lucha contra el cambio climático” que exige una revisión profunda de cómo gestionamos el transporte de mercancías. El ritmo al que esta regulación europea avanza en ese frente parece desvinculado de la realidad logística y económica que enfrentamos.

Los 27 están impulsando una rápida transición hacia vehículos pesados con energías alternativas, alejándose de los motores de combustión interna, ya sean diésel o de gas natural licuado. Sin embargo, esto plantea desafíos significativos. La disponibilidad real de camiones o autocares que utilicen energías alternativas sigue siendo muy limitada y muy cara. La infraestructura de carga y abastecimiento para estas nuevas tecnologías está aún en desarrollo, lo que plantea un grave problema de viabilidad a corto y medio plazo.

Otro aspecto preocupante es el impacto económico de estas políticas regulatorias. Las medidas propuestas, incluyendo incrementos en tasas, peajes y derechos de emisiones, amenazan con elevar drásticamente los costes de operación en nuestro sector. La inclusión del transporte por carretera en el mercado de emisiones de la UE (ETS) en 2027 es especialmente problemática. Este sistema, diseñado inicialmente para sectores con emisiones más centralizadas y predecibles, podría imponer cargas financieras insostenibles a una industria tan diversa y geográficamente dispersa como el transporte por carretera.

Esta situación pone en riesgo no sólo la viabilidad económica de los operadores de transporte por carretera, sino también la competitividad de toda la cadena logística europea. Un aumento en los costes de transporte se traducirá inevitablemente en un incremento de los precios de los bienes de consumo, afectando a todos los ciudadanos de la UE y, lo que es más grave, deteriorando la competitividad de nuestros países en la economía global. 

Es fundamental que las políticas de transición energética se diseñen con una comprensión profunda y realista de las capacidades y limitaciones del sector. Esto implica un diálogo constructivo entre legisladores, fabricantes de vehículos, proveedores de energía y, por supuesto, las empresas transportistas. La transición energética no debe ser una imposición unilateral, sino un proceso colaborativo que tenga en cuenta la realidad operativa y económica del transporte terrestre.

"DEL POZO A LA RUEDA"

Un sector que “sólo” genera el 4,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana de la UE. Las comillas que acompañan a este adverbio reflejan nuestro firme compromiso medioambiental y es que somos conscientes de que para cumplir los objetivos marcados de reducir el 90% de las emisiones de CO₂ del transporte en la UE para 2050, la movilidad de mercancías debe ser cada vez más sostenible. También por la salud de nuestra cuenta de resultados ya que a día de hoy el combustible supone un tercio del coste operativo total de estas compañías.

Y aquí me gustaría detenerme para subrayar la necesidad de empezar a contabilizar correctamente las emisiones de CO₂ en nuestro sector: deberíamos de abandonar el estándar sesgado de ‘tanque a la rueda’, que solo mide las emisiones en el tubo de escape de los vehículos, y usar la metodología del ‘pozo a la rueda’, mucho más objetiva.

Desde hace más de una década, el transporte por carretera está implantando una profunda transformación en su gestión empresarial y logística, invirtiendo en vehículos de mayor eficiencia energética; formando a sus conductores en habilidades de conducción económica; u optimizando la planificación de rutas para minimizar tiempos muertos y recorridos en vacío. Medidas que han logrado disminuir las emisiones de CO₂ más de un 20% por cada tonelada-km. producida en los últimos diez años.

En esta transición energética que nos demanda la UE y cuyo objetivo final compartimos, se nos piden imposibles. Debemos instar a los responsables políticos a reconsiderar la velocidad y el método de implementación de esta batería de medidas. Es crucial encontrar un equilibrio que permita una transición justa y factible para todos los implicados, sin sacrificar la eficiencia y la viabilidad económica de un sector vital para la economía europea.