Los diputados del Parlamento Europeo alejan un gran temor de los transportistas: que se les obligue a operar con un número determinado de camiones eléctricos. Para las flotas de furgonetas y turismos, esa obligación dependerá de lo que quieran imponer en cada país, pues los eurodiputados solo han aprobado objetivos indicativos. La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) se felicita de esta nueva postura del Parlamento Europeo, que contradice la visión inicial de la Comisión Europea.

"El mensaje político del Parlamento Europeo es claro: las políticas de descarbonización deben reflejar la realidad del mercado y las necesidades operativas de las empresas de transporte. Las obligaciones de compra no generan demanda cuando no se dan las condiciones necesarias para invertir, del mismo modo que las normas sobre emisiones de CO2 deben traducirse en vehículos que los operadores puedan permitirse adquirir y utilizar de manera eficaz", señala Raluca Marian, directora de IRU para los asuntos europeos.

En concreto, los eurodiputados que conforman las comisiones de Transportes y Medio Ambiente han aprobado objetivos indicativos para cada Estado miembro de la UE en relación con la proporción de furgonetas y turismos de cero y bajas emisiones en las nuevas matriculaciones de vehículos de empresa que deberían alcanzar en 2030 y 2035, con porcentajes que oscilan entre el 67% y el 95%. También quieren dar a los Gobiernos libertad para determinar la combinación más adecuada de medidas de apoyo y facilitación necesarias para alcanzar estos objetivos, incluidos peajes de carretera más favorables, así como la mejora de las infraestructuras de recarga.

Un aspecto fundamental para IRU es que es que los vehículos pesados siguen quedando fuera del ámbito de aplicación del reglamento, mientras que también se ha eliminado la referencia a la posible introducción en 2027 de objetivos de compra para camiones, autobuses y autocares.

Los eurodiputados quieren que cada país establezca, aplique y actualice periódicamente, a partir de 2028, planes nacionales para la adopción de vehículos de empresa de cero y bajas emisiones, pero solo en el caso de los turismos y las furgonetas. Los eurodiputados sostienen que, a partir de 2028, los Estados miembros no deberían conceder ninguna ayuda financiera para turismos y furgonetas de empresa que no sean vehículos de cero o bajas emisiones.

Está previsto que la posición definitiva del Parlamento y el mandato para las negociaciones con los gobiernos de la UE se sometan a votación en la sesión plenaria de diciembre de 2026.