La Audiencia Provincial de Badajoz acoge ya el juicio a cuatro personas a las que se acusa de estafar casi 300.000 euros a una gasolinera y un almacén del término municipal de Olivenza mediante el inflado de las facturas correspondientes al repostaje de combustible, por lo que se piden penas de hasta seis años de prisión.
Tanto la Fiscalía de Badajoz como las dos acusaciones particulares piden seis años de prisión para dos de los acusados y cinco años para los otros dos, por la estafa de más de 330.000 euros, tal y como recoge la Agencia Efe.
Según el escrito de la Fiscalía, la actuación fraudulenta consistía repostar en una gasolinera del partido judicial de Olivenza (Badajoz) durante el periodo comprendido entre 2008 y marzo de 2015, en los turnos en que prestaban servicios determinados empleados, para, en connivencia con ellos, reflejar importes superiores a los litros de gasóleo suministrados.
ALBARANES DE REPOSTAJE DE LOS CAMIONES
El fraude consistía en reflejar en los albaranes de repostaje de los camiones de la empresa de almacenaje un importe superior a lo repostado, detrayéndose la diferencia de la cantidad del efectivo de la caja de la gasolinera y repartiéndose después la ganancia entre el empleado de los almacenes y el de la gasolinera, según el escrito.
Gracias a esta práctica, los acusados llegaron a defraudar un total de 331.120 euros, de los cuales 314.137 corresponden a perjuicios generados a la empresa de almacenes por los pagos realizados de gasóleo no consumido y 16.982 euros a la gasolinera por los descuentos repercutidos en las facturas por los litros facturados en exceso, según la Fiscalía.
El abogado defensor de dos de los acusados (un transportista y una persona encargada de suministrar la gasolina), Enrique González de Vallejo, ha explicado a Efe que los cuatro procesados han negado los hechos durante una vista de este martes que tampoco ha servido "para corroborar que las acusaciones sean ciertas", de ahí que las defensas pidan la absolución.
De la misma forma, el letrado ha dicho que la investigación policial sobre estos hechos no corroboró los documentos entregados por las empresas denunciantes, por lo que "no se puede hablar de hechos objetivos".
