El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, quiere una nueva regulación que impida que los transportistas trabajen a pérdidas. Y para ponérselo fácil al Gobierno, este jueves ha entregado en el Ministerio de Transportes lo que ha llamado un "proyecto de real decreto ley" redactado por los propios miembros de Plataforma que busca mejorar el aprobado en agosto de 2022, que ya tenía ese objetivo. Por definición, los decretos ley son normas que solo puede elaborar y aprobar el Gobierno en situaciones de urgencia, pero Hernández ha defendido a las puertas del Ministerio la necesidad de que apruebe el proyecto que han presentado: "Ha sido elaborado para que no choque con la libre competencia. Por lo tanto, no entenderíamos, ya que le estamos entregando el trabajo hecho, que el Ministerio no nos dé una contestación en un breve espacio de tiempo".
Plataforma no es una de las patronales que forman el Comité Nacional del Transporte por Carretera que el Ministerio de Transportes reconoce como su único interlocutor válido –de hecho, Hernández carga duramente contra ellas cada vez que tiene ocasión y las acusa de representar a grandes operadores y no al transportista efectivo– y por eso Hernández no ha sido recibido por nadie del Ministerio, sino que se ha limitado a registrar la documentación que había elaborado. También ha pedido una reunión con el ministro Óscar Puente.
Hernández ha subrayado varias veces que su propuesta no es fijar unos precios mínimos en el transporte, porque sabe que es ilegal, pero sí que la Administración abra procedimientos de infracción cuando el transporte se realice por debajo de una cantidad. Para ello, quiere que el Observatorio de Costes que elabora el propio Ministerio sirva como referencia: "Todo porte que vaya por debajo será un indicio para iniciar una inspección, que no quiere decir necesariamente sancionar, pero sí que se investigue".
Para el presidente de Plataforma, el malestar actual deviene del conflicto de 2022, "que se cerró en falso". Y es que en marzo de ese año, cuando acababa de estallar la guerra en Ucrania, su entidad canalizó un fuerte descontento del sector y llegó a paralizar parte del transporte durante dos semanas. La entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, prometió aprobar una norma que asegurara que el precio que recibía el transportista fuera igual o superior a los costes incurridos. El decreto –"insuficiente" y con "carencias", para el presidente de Plataforma– llegó en agosto de 2022 y exige que los transportistas justifiquen sus costes para poder ampararse en él. Para calcularlos, pueden utilizar la estructura del Observatorio de costes, pero no los precios que aparecen allí. El Observatorio de costes, que se elabora con los datos que aportan cargadores y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, es una herramienta que indica la evolución de los costes medios, pero el Ministerio subrayó en 2022 que en ningún caso se utiliza para fijar precios mínimos.
Esta vez, el presidente de Plataforma ha sido más prudente que en anteriores ocasiones a la hora de amenazar con paros: "Las movilizaciones que hagamos las va a marcar el propio ministerio. La situación no se puede dilatar porque cada día que salimos a la carretera tenemos el problema de no rentabilizar nuestros vehículos. Según la reacción que tenga el Ministerio, eso marcará el ir o no ir a las movilizaciones".
Reacción de Conetrans
Las asociaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera no suelen responder a las propuestas (ni a los duros ataques) de Plataforma. Sin embargo, este jueves, Conetrans –confederación integrada en la gran patronal CETM– ha convocado una rueda de prensa para destacar la labor que realizan y defenderse de los "ataques injustificados" de Plataforma. Su presidente, Javier Arnedo, acusa a Manuel Hernández de "agitar y confundir al sector": "Cualquiera que lea sus peticiones sabe que no tienen ningún sentido. Lo que hay que hacer es enseñar a la gente las armas que tenemos ahora mismo para que las utilice".
Javier Arnedo, presidente de Conetrans, en rueda de presna.
Arnedo se refiere, por ejemplo, a cómo calcular la variación del precio del transporte en función del precio del gasóleo. En abril, el Comité pactó con el Ministerio de Transportes un decreto para que se blindase esa obligación –"si no fuera por eso, el sector estaría pasando graves, graves problemas", ha defendido Arnedo–. Desde marzo, las patronales con las que tiene interlocución el Gobierno también han negociado dos paquetes de ayudas coyunturales por la subida del precio del combustible y este viernes se vuelve a reunir con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para abordar un tercero.
Arnedo también preside el Comité Nacional del Transporte, pero ha hecho hincapié en que este jueves hablaba como presidente de Conetrans. Ha reconocido que en su propia patronal varias personas le habían desaconsejado contestar a lo que consideran provocaciones de Manuel Hernández: "Hasta ahora no había visto necesidad de contestarle en público, pero ahora sí porque hace un agravio a algo conseguido por el sector".
