En poco tiempo, la Comisión Europea presentará una propuesta legislativa para aumentar la adopción de vehículos de emisiones cero en las flotas de las empresas. Los transportistas temen que una de las medidas que se incluyan sea la de forzar a los operadores de transporte a comprar camiones eléctricos –ya sea imponiéndoles directamente a ellos la compra o creando una obligación para los cargadores–. La Comisión se comprometió a presentar su propuesta legislativa antes de que acabe el año.

La última asociación en expresar su miedo a que se les obligue a comprar camiones eléctricos ha sido la Unión Europea de Transportistas por Carretra (UETR), que representa a más de 230.000 pequeñas y medianas empresas de transporte: "Sería especialmente grave para los pequeños operadores, que actualmente carecen de los recursos financieros y, en muchos casos, trabajan con márgenes reducidos, lo que les impide absorber dichos costes obligatorios. Además, estos desafíos se ven agravados por la actual falta de una infraestructura de recarga adecuada y suficiente, así como de soluciones sólidas para afrontar el aumento de los precios de la energía, lo que socava aún más la viabilidad de tales mandatos", lamentan en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, y al comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas

La española Fenadismer, que forma parte de UETR, recuerda que en la actualidad los camiones eléctricos solo representan el 1,5% de todos los que circulan por la Unión Europea y en el caso de España apenas representa el 0,5%.

Rechazo del sector

A comienzos de este año, la patronal de fabricantes ACEA propuso a la comisión propusieron que se obligara "a los transportistas y compradores de servicios de transporte a aumentar progresivamente la proporción de sus envíos gestionados por vehículos de cero emisiones". Una medida que escandalizó a las patronales del transporte desde el principio.

Ahora, UETR insiste en la necesidad de "garantizar que la transición ecológica sea factible y equitativa, apoyando así el ecosistema del transporte" ya que cualquier medida obligatoria en este ámbito "podría distorsionar la dinámica del mercado, reducir la flexibilidad operativa y limitar la inversión de los pequeños transportistas y operadores de flotas".