La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera ha elevado una consulta a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) sobre el creciente riesgo en la viabilidad del servicio de grúas en España, ante el "incumplimiento sistemático" de las aseguradoras en actualizar las tarifas conforme al alza del precio del combustible, lo que podría afectar el servicio.
La Alianza denuncia en su escrito una "práctica generalizada" en el sector asegurador que contraviene la normativa vigente. Según el artículo 38 de la Ley 15/2009 de contrato de transporte terrestre de mercancías, es imperativo que las tarifas se ajusten a la evolución del precio del combustible. Sin embargo, las aseguradoras han evitado aplicar esta revisión automática, especialmente durante el incremento de precios energéticos causado por el conflicto en Ucrania.
La organización considera que este incumplimiento debería ser visto como una "deficiencia en los sistemas de cumplimiento normativo de las aseguradoras". Por ello, la Alianza insta a la DGSFP a auditar estas prácticas como parte de sus funciones de control. La no aplicación de una norma imperativa en la contratación de servicios externos es vista como una quiebra de las políticas de cumplimiento normativo y una conducta de mercado que requiere supervisión.
Solicitan informe interpretativo a la DGSFP
El portavoz de la Alianza, Xavier Martí, ha enfatizado la necesidad de que la DGSFP emita un informe o criterio interpretativo. Este documento debería clarificar el alcance de las prácticas de las aseguradoras desde el punto de vista del cumplimiento normativo. La Alianza busca que se determine si estas prácticas son conformes a la ley y si deben ser objeto de medidas correctivas.
El comunicado de la Alianza subraya que esta situación no es nueva y que las aseguradoras de automóviles ya habían evitado aplicar la revisión automática de tarifas durante el periodo de incremento de los precios energéticos. Esto se suma a la preocupación actual sobre la sostenibilidad del servicio de grúas, esencial para el transporte terrestre en el Estado español, informa Ep.