Sector | España quiere impulsar el acuerdo de pesos y dimensiones durante su presidencia europea

La ministra Raquel Sánchez espera que los ministros europeos del ramo alcancen una "orientación general" sobre el asunte en diciembre.

La ministra ha presentado en el Europarlamento sus prioridades durante la presidencia española.
La ministra ha presentado en la Eurocámara sus prioridades durante la presidencia española. Twitter Mitma.

La armonización de pesos y dimensiones en el transporte por carretera en Europa será una prioridad durante la presidencia española del Consejo de la UE. Así lo ha dicho la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo.

Sánchez ha decidido centrarse en la propuesta relativa a los pesos y dimensiones dentro del paquete de Medidas de Ecologización del Transporte de Mercancías, que busca simplificar las normas y crear incentivos para que los operadores elijan alternativas más sostenibles. 

La Comisión Europea presentó en julio la revisión de la Directiva de pesos y dimensiones, que busca incentivar la electromovilidad y la intermodalidad permitiendo, respectivamente, más masa y más altura para estos transportes. Además, la propuesta de revisión de la Directiva también facilita el transporte transfronterizo con vehículos Euromodulares -combinaciones de vehículos como el duotrailer y el megacamión- y de 44 toneladas entre dos Estados, siempre que estos países permitan estos tipos de transporte. 

Raquel Sánchez ha explicado este martes que la presidencia española priorizará "esta propuesta porque permite maximizar la capacidad del transporte y su eficiencia al autorizar una mayor capacidad de carga, y promover el transporte intermodal". También ha expresado su confianza en que el Consejo de la UE -es decir, los ministros europeos del ramo- alcancen "una orientación general en diciembre" sobre este tema.

Y es que la propuesta de la Comisión debe ser debatida por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea, y luego cada país tiene un plazo máximo de dos años para llevarla a su ordenamiento jurídico.

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