El fin del peaje por la liberalización de la autopista AP-2, que conecta Zaragoza con Tarragona, supone una buena noticia para los municipios colindantes de esta vía en Aragón, aunque también ha despertado la incertidumbre sobre cómo afectará en la economía de la zona y plantea otras dudas sobre la seguridad o el mantenimiento de la carretera N-II en el futuro. La agencia Efe hace un recorrido por los negocios y profesionales transportistas que recorren el tramo ahora liberalizado.

Las barreras de las playas de cobro de la autopista están ya levantadas para todos los vehículos que transitan por la AP-2, por lo que cabe esperar que una parte del tráfico que circula por la N-II, carretera con altos índices de siniestralidad y en la que reivindicaciones como su desdoblamiento vienen de muy atrás, pase a la nueva autovía.

Por el momento, la autopista, gestionada hasta ahora por Abertis, soportaba este martes un constante tráfico de turismos y camiones en el tramo entre la capital aragonesa y Bujaraloz (Zaragoza), un espacio en el que los peajes de Alfajarín, en la misma provincia, vivían sus últimas horas operativas.

Más adelante, ya en Bujaraloz, unos pocos operarios trabajaban en las casetas ubicadas en las afueras del municipio, mientras que en el restaurante El Español, en la entrada de la localidad, decenas de personas disfrutaban de su comida.

“Tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque parte del tráfico que va por la nacional pasará a la autopista; es una situación muy nueva y no sabemos cómo va a afectar”, explica Teresa Vaquer, la dueña de un negocio que ya ha cumplido medio siglo de vida este año.

Actualmente, la plantilla del restaurante la completan unas veinte personas y sirven una media de cien menús al día, aunque en los meses de verano y en fechas como Semana Santa pueden superar los 300.

La regente de El Español confía en que en el futuro los conductores sigan acudiendo, más cuando el restaurante se encuentra cerca de la salida de la AP-2 y ya muchos de sus clientes, cuenta, salen de la vía para comer; aunque matiza que “no se sabe” lo que pasará.

Una de sus principales dudas es la concerniente a los transportistas, ya que considera que estos buscan una oferta “más económica” que la que suelen encontrar en las estaciones de servicio de las autopistas.

Al respecto, el camionero Fernando Palacio, que lleva una década realizando el trayecto entre Zaragoza y Caspe, afirma que muchos se pasarán a la nueva autovía, sobre todo “los que no tienen costumbre de parar por esta zona”, ya que “se gana tiempo”.

Él, no obstante, sí que seguirá circulando por la N-II, ya que le viene “bien” parar en Bujaraloz, en el recorrido que realiza diariamente dos o tres veces y, además, recalca que en la autopista “no hay nada” y “lo poco que había está todo cerrado”.

Unas mesas más allá se encuentra Ovidio Ciorescu, también camionero y habitual del trayecto, que piensa que la situación va a ser muy similar a la actual, ya que la elección de una vía u otra dependerá “de la prisa”.

Otra de las cuestiones que evalúa Vaquer es la referente al impacto en el municipio de los negocios a pie de carretera, puesto que, por ejemplo, en su caso, tienen empleados “de toda la comarca” y también afectaría a suministradores del entorno. En ese punto coincide con el alcalde de Bujaraloz, Darío Villagrasa, quien destaca, en declaraciones a EFE, que la localidad “ha sido históricamente un cruce de caminos” y que muchos negocios han nacido vinculados a la carretera.

El primer edil, que evalúa como “una noticia positiva” la liberalización, ya que redundará “en los usuarios, en el tránsito y en las infraestructuras seguras”, insiste en la mejora de la N-II, ya que los posibles efectos negativos para la economía local “se aminorarían”.

“Como alcalde reivindico que hacen falta inversiones para mejorar la seguridad vial, el firme de la calzada, los espacios… principalmente porque es una vía que va a seguir siendo muy transitada”, asevera Villagrasa sobre esta carretera que, además, cruza el casco urbano del municipio.

No solo eso, sino que el regidor plantea otra serie de interrogantes aparejada a esta nueva situación, como el futuro de los empleados de la autopista o cómo van a gestionar con la administración general del Estado “las afecciones y la convivencia entre una gran infraestructura y los términos municipales que cruza”.

Sobre este nuevo escenario, la alcaldesa de Fraga (Huesca), Carmen Costa, recuerda los más de 60 fallecidos que el tramo de la N-II sin desdoblar entre Alfajarín y la localidad oscense ha dejado de saldo en una década, lo que la convierte en “una de las carreteras más peligrosas de todo el país”.

Para Costa, lo “ideal” hubiera sido la creación de una autovía pero, ante la liberalización de la AP-2 tras finalizar el contrato con la empresa adjudicataria, la alcaldesa pone el foco en que “la vida y la seguridad de las personas está por encima de todo tema económico”.

De esta forma, y aunque el consistorio fragatino dejará de ingresar 300.000 euros anuales en concepto de IBI, lo que importa “de verdad” a Costa “es que la gente pueda viajar de forma segura”.

Por ello, la regidora se muestra prudente y afirma que habrá que ver “cómo se distribuirá el tráfico y qué afección tendrá el paso de vehículos tanto por la AP-2 como por la N-II”, así como las afecciones en la entrada y salida del municipio.