Me gustaría abrir estas líneas con alguna buena noticia que comentar en el ámbito del transporte por carretera, pero tras darle muchas vueltas, no he encontrado ninguna, al contrario, todo lo que acontece es malo.

En materia laboral, la reducción de jornada que está impulsando la vicepresidenta del gobierno para pasar, en principio, de las 40 horas semanales a las 37,5, es a mi juicio una injerencia del gobierno en un espacio que había estado reservado hasta ahora a los acuerdos entre los agentes sociales: sindicatos y patronal.

Sin bien existe una jornada máxima legal en España establecida en el Estatuto de los Trabajadores de 40 horas semanales y 1.826 horas y 27 minutos en cómputo anual, han sido los distintos convenios colectivos los que, con acuerdo entre trabajadores y empresarios, han adaptado la duración de la jornada en función de la actividad o sector empresarial y son muchos los casos en que la duración de la jornada está por debajo del límite legal.

En el transporte por carretera existe una regulación especial de la jornada de los trabajadores móviles, es decir de los conductores, debido a las características especiales de estos puestos de trabajo, como lo son también los trabajadores del mar.

Reducir la jornada en estas actividades puede generar un gran problema, con el agravante que supone la escasez de conductores existente, lo que puede dar lugar a un colapso en el sector.

Otra modificación en materia laboral que nos afecta directamente es la denominada prevalencia en el ámbito de la negociación colectiva. Hasta este momento, los convenios o acuerdo nacionales prevalecen sobre los autonómicos y provinciales. La intención del gobierno, presionado por el PNV, partido del que depende, es que los convenios autonómicos tengan prevalencia sobre los nacionales.

Eso significa que el esfuerzo que se está haciendo desde hace años entre patronal y sindicatos por homogeneizar las condiciones de trabajo en el sector del transporte de mercancías por carretera bajo el amparo del Acuerdo General, va a quedar muy dañado.

Si hablamos de la situación económica del sector, los datos tampoco son muy halagüeños. Las toneladas transportadas en 2023 se redujeron con relación a 2022 mientras que crecieron el número de empresas y el número de vehículos, un contrasentido.

En relación con el transporte bajo temperatura dirigida, las exportaciones en toneladas de productos hortofrutícolas también han caído, mientras el número de semirremolques frigoríficos ha aumentado. Mal asunto.

Las negociaciones de distintos temas de importancia para el sector que se vienen negociando con la Administración por el Comité Nacional, están prácticamente paralizadas o sin resultado alguno desde hace casi un año.

Y como no quiero amargarles el día, voy a recordarles algunas de las obligaciones registros o planes que, dependiendo de su dimensión, tiene la empresa que cumplir, aparte de las fiscales y laborales ordinarias, de transporte, de tráfico o de industria: medidas contra el acoso laboral; registro retributivo; registro de jornada; prevención de riesgos laborales; acuerdos de trabajo a distancia; protocolo de desconexión digital; protección de datos; canal de denuncias; protocolos contra la violencia LGTBI; plan de Igualdad; códigos éticos; protocolo de medios informáticos; planes de prevención de riesgos penales; registro de la huella de carbono …

Y, además, hay que ganar dinero. Hágase usted empresario.