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| "Es el propio transportista el que tiene que cambiar de actitud" | -

Por Manuel Pérezcarro Martín, secretario general de Froet.

Manuel Perezcarro
Manuel Perezcarro

El sector del transporte acaba de padecer uno de los momentos más convulsos de los últimos cuarenta años con el paro convocado por la denominada “Plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional”, una organización que no reconoce la representatividad de las asociaciones pertenecientes al Comité Nacional del Transporte, que es el órgano legal de interlocución entre el sector y la Administración y al que puede pertenecer cualquier asociación de transportistas que lo solicite y acredite una mínima representatividad.

¿Por qué “Plataforma”, que ha manifestado repetidamente que representa al noventa por ciento del sector, no ha solicitado su pertenecía al Comité Nacional y desde allí defender los intereses de sus representados ya que su poder de influencia sería decisivo? La respuesta a esta pregunta es clara, porque todo ha sido un camelo, se ha aprovechado de la grave situación que atraviesa el sector y los pequeños transportistas en particular, acrecentada por la imparable subida de los precios de los carburantes para movilizarlo con otros fines, pero aquí entraríamos en la teoría de la especulación y no es el caso.

Lo cierto es que utilizando las redes sociales a base de discursos facilones, prometiendo soluciones milagrosas, descalificando con insultos a los miembros del Comité Nacional, aprovechando que la opinión pública entendía la situación de los transportistas y lo más importante, incitando sibilinamente a la utilización de la fuerza contra los transportistas que deseaban trabajar, consiguió que el paro fuese un éxito en determinadas zonas del país, aunque ello pudiese llevar a la ruina definitiva a los pequeños transportistas que, tras más de quince días de paro, muchos de ellos, probablemente, no podrán volver a prestar sus servicios.

¿Por qué “Plataforma”, que ha manifestado repetidamente que representa al noventa por ciento del sector, no ha solicitado su pertenecía al Comité Nacional y desde allí defender los intereses de sus representados ya que su poder de influencia sería decisivo? La respuesta a esta pregunta es clara, porque todo ha sido un camelo

Soluciones milagrosas para resolver los problemas del sector, no existen. El Gobierno puede aprobar medidas que puedan colaborar a mejorar las condiciones del desarrollo de la actividad, pero es el propio transportista el que tiene que cambiar de actitud, el que tiene que aprender a decir no ante cualquier abuso que sufra, ya sea en el precio que le ofrecen para realizar el transporte o en el resto de las condiciones que traten de imponerle en el desarrollo de su trabajo.

Recientemente se han aprobado una serie de medidas para proteger al transportista de esos abusos, en la medida de lo posible, como el pago de sus servicios a un máximo de 60 días, si se hubiese pactado expresamente (30 si no existe pacto), la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, ya sean autónomos o asalariados –ambas normas con fuertes sanciones para el incumplidor-, la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del combustible, la reducción de los tiempos de espera para las labores de carga y descarga a una hora, el buzón de denuncias de carácter anónimo, etc.

Es el propio transportista el que tiene que cambiar de actitud, el que tiene que aprender a decir no ante cualquier abuso que sufra, ya sea en el precio que le ofrecen para realizar el transporte o en el resto de las condiciones que traten de imponerle en el desarrollo de su trabajo

Además, se ha pedido que se establezca una norma similar a la existente en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de forma que el precio que tenga que percibir el transportista por sus servicios deba ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos para el desarrollo de su actividad, así como asegurar una utilización justa de la subcontratación. El compromiso del Gobierno en este aspecto es tener redactado el Proyecto de Ley antes del 31 de julio.

Ahora le toca al transportista exigir el cumplimiento de estas medidas a sus clientes, aunque no sea fácil.

Si se ha conseguido todo lo mencionado, ha sido porque las reivindicaciones eran justas y, en gran medida daban respuesta a lo que demandaba el sector, es decir por la fuerza de la razón.

Pero utilizar la razón de la fuerza descalifica a los que reclaman algo y tratan de imponer sus posiciones mediante la coacción y la violencia, intimidando y perjudicando a sus propios compañeros. Deplorable.

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Tribuna abierta a la visión de los principales actores del sector del transporte

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