En los últimos meses, hemos atravesado uno de los periodos más inestables del sector del transporte en su dimensión más amplia. Si nos focalizamos en el transporte de mercancías por carretera, la situación es aún más dramática: las condiciones laborales rozan, en muchas ocasiones, el filo de lo inadmisible y, por ello, el sector ha perdido atractivo a la hora de captar nuevos profesionales (recordemos que la edad media de los profesionales del transporte en nuestro país es de 50 años o que, para 2030, según el gremio del transporte, en España habremos perdido a un tercio del total de nuestros conductores). De esta manera, nos enfrentamos a una grave escasez de conductores en un sector clave para el abastecimiento y, sin duda, esencial para el buen funcionamiento de nuestra economía.

La vertiginosa escalada de precios que experimenta la economía española desde el pasado verano, y que se ha visto agravada con los efectos económicos del conflicto en Ucrania, está asfixiando al sector. Un sector que, en los últimos tiempos, ha venido asumiendo un incremento del 36% en sus costes debido, principalmente, al fuerte aumento del precio del combustible. Recientemente, hemos conocido la decisión del Gobierno de rebajar el precio del mismo en 20 céntimos por litro desde el 1 de abril, una acción complementaria a la reducción de 10 céntimos por litro por parte de las petroleras. Una medida cuya eficacia -o falta de ella- tiene, sin duda, dividido al sector.

La aceleración, por parte del Gobierno, de algunas de las medidas previstas en el Plan Impulsa (Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera, marco estratégico del sector para los próximos años), con el objetivo de paliar estos impactos negativos, ha resultado ser insuficiente para una parte importante del sector. Recientemente, hemos conocido la noticia de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2022, que suponía un rayo de luz en medio del caos. Estas medidas deben ser de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros del sector para que, realmente, afronten la tan necesaria protección de los profesionales que lo componen.

El reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los representantes del transporte ha marcado un antes y un después en este sector. El nuevo decreto ley, por el que se ha luchado durante años, introduce un nuevo contexto en el paradigma del transporte, lo que nos permitirá comenzar a afrontar el futuro inmediato con mayor optimismo. Un punto de inflexión, a partir del cual el transporte de mercancías por carretera mirará hacia un futuro con perspectivas, con esperanza. Aunque resulte difícil cambiar ciertas costumbres por razones culturales, es indudable que debemos luchar por ello, en línea con lo que ya se ha hecho en otros países de Europa.

Es el caso, por ejemplo, de la carga y descarga de mercancías por parte de los conductores, la reducción de los tiempos de espera con derecho a indemnización si se superan las 2 horas o el reflejo obligatorio en la factura de la subida del precio del combustible sin cláusulas “salvo pacto en contra”. Cuestiones que llegan tarde a nuestro país, ya que en el resto de Europa llevaban mucho tiempo siendo aplicadas. Asimismo, se prevén sanciones para quienes lo incumplan: un gran paso en la dignificación de la profesión del conductor, algo que ya se estaba echando en falta. Con estas medidas no se resuelven todos nuestros problemas en el sector, ciertamente, pero es indudable que son el comienzo y parte de la solución, con el objetivo de proteger a nuestros profesionales actuales y también atraer a las nuevas generaciones futuras: entre 5.000 y 15.000 nuevos conductores que, según las estimaciones, son necesarios para permitir el relevo generacional en nuestro país.