Esta palabra de cuatro sílabas define bastante bien el sector del transporte de mercancías por carretera. Desgraciadamente. Por un lado, la fragmentación empresarial que propicia que lo más frecuente, con mucha diferencia, sea la microempresa y por otro lado, la fragmentación del proceso de negociación colectiva, cuya consecuencia es la coexistencia de medio centenar de convenios colectivos diferentes.

La fragmentación empresarial, arrastrada desde hace muchos años, erosiona el transporte de mercancías por carretera de nuestro país ya que el hecho de que la mayoría de las compañías sean pequeñas se traduce en bajo potencial de crecimiento, menor productividad sectorial, debilidad a la hora de negociar con clientes y proveedores, dificultad para acceder a financiación competitiva, escasa capacidad de internacionalización y de inversión en I+D y también en bajo atractivo para atraer talento en el mercado de trabajo. En definitiva, esta hiperatomización del sector afecta duramente a la competitividad de las empresas transportistas nacionales.

España es un país de autónomos y microempresas. Solo el 0,2 % de los 3 millones de compañías que existen en nuestro país son grandes organizaciones. Una demografía empresarial cuyo patrón nacional también se repite en el transporte terrestre de carga, en el que actualmente operan más de 103.000 compañías con flotas que aglutinan a unos 560.000 vehículos, de las que la mitad tiene un solo vehículo y el 80%, menos de cinco. Está claro que nuestro sector necesita ganar tamaño, generar “músculo” empresarial, pero para cumplir este objetivo necesitamos la intervención del Ejecutivo con medidas correctoras del escenario actual en los ámbitos fiscal y laboral y creando un marco de seguridad jurídica que impulse el crecimiento. Y los datos que acabamos de conocer a través del Instituto de Estudios Económicos (IEE) no auguran nada bueno: la presión fiscal sobre las empresas españolas fue un 36% superior a la media de la UE en 2022. Este organismo ya ha alertado de que España es uno de los cinco países de la OCDE con peor competitividad fiscal. Difícilmente dejaremos de ser un país de micro-pymes.

Además de la fragmentación empresarial, nuestro sector también sufre la fragmentación provocada por la convivencia de 52 convenios colectivos, que provocan disparidad de políticas entre provincias colindantes que puede llegar al 40%, lo que a su vez afecta a la productividad y a la eficiencia de estas compañías.

Nuestra patronal lleva décadas reclamando acabar con este sistema para poder establecer un único convenio de transporte para todo el país, estableciendo un periodo transitorio de convergencia para ir reduciendo la horquilla salarial existente entre los 52 actuales. Quizás ahora que estamos en plena negociación del III Acuerdo General de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera sea un buen momento para conseguirlo o, al menos, para avanzar en la unificación con estructuras más homogéneas, inspirándonos en nuestros vecinos (Portugal y Francia disponen de un convenio único para el sector con algunas adaptaciones locales).

Si lográsemos superar el modelo de multitud de convenios provinciales y sustituirlo por un único convenio sectorial de alcance nacional con especificidades para cada tipo de transporte evitaríamos tener 52 realidades diferentes y, por tanto, eliminaríamos que las diferencias salariales existentes sean convertidas en lo que no deben ser, es decir, en palanca de competencia; otro escollo más que complica competir en igualdad de condiciones. Veamos un ejemplo para ilustrar las desigualdades generadas por tantos convenios provinciales: un transportista cuyo trabajo se rige por el convenio de Madrid cobrará 30 euros más por dietas diarias que otro compañero que se rige por el convenio de Guadalajara, aunque ambos profesionales realicen el servicio en las mismas rutas europeas.

Un único convenio colectivo para nuestro sector permitiría, además, simplificar la aplicación de la normativa europea sobre desplazamiento de conductores de empresas de transporte extranjeras a nuestro país, que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico desde marzo de 2022; y también atraer a los jóvenes a la profesión de transportista. Un asunto este último nada trivial ya que si en los próximos años no conseguimos entre todos (UE, Administración central y autonómicas, patronales del transporte, cargadores, sindicatos y sociedad) que a los jóvenes -españoles o de otras nacionalidades- les atraiga el camión en un país como el nuestro donde más del 95% de las mercancías las trasladan estos vehículos empezaremos a sufrir las consecuencias de cadenas de suministro altamente tensionadas e, incluso, rotas. Y es que no podemos olvidar que el transporte de mercancías por carretera en España, que emplea a 1.200.000 profesionales -a más de medio millón de forma directa- es un sector laboral muy envejecido: el 72% de los conductores tiene 50 años o más.

Fragmentación. Una palabra que entre todos deberíamos poder defenestrar del vocabulario de un sector tan importante para nuestra economía y el bienestar de la ciudadanía.