Tras seis rondas de negociaciones, incluyendo un sprint de casi 11 horas en la última reunión, para intentar desconvocar el paro sectorial de diciembre y 76 días después de que éstas finalizaran con un acuerdo firmado entre el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera y el Ministerio liderado por Raquel Sánchez, el texto legal que plasma algunas de las reivindicaciones históricas de nuestro sector, por fin, ve la luz. Un Real Decreto-Ley que supone un gran avance para que las empresas transportistas de nuestro país puedan seguir mejorando el servicio eficaz y eficiente que prestan a sus clientes, ya sean estos industrias, comercios, exportadores, etc. etc.

Esta norma, recién publicada en el BOE y que deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en los próximos 30 días, recoge algunas de las demandas que nuestro sector lleva arrastrando desde hace años. Es cierto que en julio de 2020, también bajo la sombra de un paro del sector, Pedro Saura -antecesor de Isabel Pardo de Vera en la Secretaría de Estado de Transportes- firmó una serie de compromisos, cuya “medida estrella” se materializó el pasado mes de octubre cuando el BOE publicó la ley que establece, por primera vez en España, un régimen sancionador para las compañías que paguen al transportista a más de 60 días con multas de hasta 30.000 euros. Una protección legal a las empresas del sector que se sumó a la ya también exclusiva “acción directa” contra los impagos que tanto bien ha venido ejerciendo en la “limpieza” de las cadenas de subcontratación tan habituales en nuestro sector, especialmente en España.

Lo cierto es que, a pesar de las normas que acabo de citar y de los compromisos adquiridos por el Sr. Saura, el terreno de juego en el que los operadores de transporte debían desarrollar su actividad seguía estando muy desnivelado, dada la incapacidad de negociación de los transportistas frente a muchos de sus clientes, grandes empresas de distribución. Una incapacidad derivada de la debilidad que confiere el que este sector esté fuertemente fragmentado con unas 104.000 empresas con una flota media de 3,6 vehículos. Una industria que carece del “músculo” empresarial necesario para poder repercutir a los cargadores sobrecostes que ahogan sus cuentas de resultados, como la subida del precio del combustible (ya sea diésel o gas natural), con la que desayunamos casi cada mañana.

Precisamente este RDL recoge la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio del transporte en los supuestos de variación del precio del combustible. Esta medida supone un balón de oxígeno para las empresas de transporte, cuya rentabilidad ya estaba muy dañada por la “tormenta perfecta” que llevan encarando desde hace años con las innumerables tasas e impuestos que erosionan el sector, la crisis generada por la pandemia, el “divorcio” del Reino Unido y la UE, el precio desorbitado del gasóleo y el gas natural, la subida de la electricidad, o la subida de las tarifas de Renfe Mercancías, que está frenando aún más la intermodalidad en nuestro país. Y siempre con la alargada sombra de la amenaza de los peajes en el horizonte.

El Real Decreto-Ley que ahora tenemos entre manos también plasma la prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga de las mercancías, siendo así, junto con Portugal, nuestro país pionero en este campo dentro de la UE. Cundirá el ejemplo, estoy seguro.

Seguimos, como se puede fácilmente deducir, avanzando en normativa tendente a perfeccionar el funcionamiento y la continuidad del servicio de transporte de mercancías por carretera y la capacidad de las empresas que lo componen para invertir en mejoras de su actuación que repercutan positivamente en el servicio a sus clientes y, por tanto, en bien de la economía española.

Lograrlo no ha sido fácil, es más creo que habría sido imposible sin la figura de D. Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre y su equipo. Durante el maratón negociador de diciembre y los posteriores meses han demostrado una predisposición encomiable para poder encajar jurídicamente todas estas medidas, haciendo gala de una capacidad negociadora y un talante que han sido decisivos para que las nuevas normas tengan la calidad normativa y la estabilidad y seguridad jurídicas que se necesitan y sirvan de inicio a un camino de mejora en el que aún restan pasos importantes que dar. Todas las partes los conocemos y, en mi opinión, se dan las condiciones para que no dilatemos más abordarlos, máxime ahora con el Real Decreto-Ley ya en el BOE.

Un nuevo punto de partida, pues, esperanzador e ilusionante, para continuar trabajando para que las empresas del sector puedan seguir atesorando ese know-how tan valioso y manteniendo suficiente rentabilidad como para atraer y retener nuevos talentos, mejorar las condiciones profesionales de sus empleados e invirtiendo en nuevos equipos materiales y recursos humanos que aseguren su sostenibilidad ambiental, social y económica. Creo que son razones de peso para que ninguno de los grupos parlamentarios sufra la tentación, en la tramitación parlamentaria de torpedear lo que no es sino una mejora actual y de futuro para la economía española y el bienestar de nuestros compatriotas.