Los transportistas han conseguido este lunes uno de sus principales objetivos desde que el mes pasado estalló el conflicto en Oriente Medio: que la fórmula para repercutir en sus contratos las variaciones del precio del gasóleo se modifique para reflejar mejor el peso que tiene esta partida de gasto. En las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley que viene a blindar la obligatoriedad de aplicar una fórmula que ya está en vigor, pero que ahora se actualizará automáticamente según los precios del gasóleo. Por ejemplo, con los precios actuales disparados por la guerra en Irán, el peso del combustible se incrementaría del 30% actual al 40%, justo como reivindicaban los transportistas y como ocurrió durante un año tras el inicio de la guerra en Ucrania.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa a las asociaciones y patronales del transporte, se ha reunido este lunes con representantes de los Ministerios de Transportes, Economía y Hacienda en lo que ha sido el primer encuentro de una mesa de negociación centrada en las consecuencias de la crisis en Oriente Medio. Con recesos incluidos, han negociado desde antes de las 11 de la mañana y hasta pasadas las cuatro de la tarde para acordar este futuro decreto ley después de que el aprobado hace diez días (que incluía una ayuda de 20 céntimos por litro en el gasóleo profesional y la bajada de los impuestos del carburantes) no convenciera en absoluto al sector.
La semana pasada, el Comité llegó a amenazar con movilizaciones si el Gobierno no se sentaba con ellos antes de terminar la semana. El viernes, día en el que se cumplía ese ultimátum, el Ministerio de Transportes recibió al presidente y al vicepresidente del Comité en un encuentro que sirvió de preparación para la reunión de este lunes y donde se disipó cualquier posibilidad de movilización.
Este lunes, los ánimos del sector parecen más positivos que hace una semana. "Si el método que hemos pensado funciona, evita conflictos a futuro, porque marca unos rangos que actualizan la fórmula de indexación del gasóleo de forma automática", explica Carmelo González, vicepresidente del Comité Nacional del Transporte.
En el nuevo decreto, sin embargo, se dejará fuera otra de las grandes reivindicaciones del sector en los últimos días: ayudas directas a las empresas de transporte por números de vehículos. González relativiza la importancia de este punto, ya que recuerda que las subvenciones a empresas tienen que ser aprobadas por la Comisión Europea, que todavía tiene pendiente dar el visto bueno a las del decreto aprobado el 20 de mayo (las ayudas de los 20 céntimos por litro).
Acercamiento con los transportistas
El Ministerio de Transportes y el Comité explican, en una nota conjunta, que el futuro decreto ley protegerá la obligación de repercutir las variaciones del precio del combustible. Se eliminará la posibilidad de que los contratos recojan otra forma de actualizar el precio del transporte. Además, el comunicado explica que se estudiará cómo penalizar su incumplimiento. Aunque este último punto tendrá que ser debatido con el Ministerio de Justicia, que no estaba presente en la reunión de este lunes.
Para conocer con detalle cómo se blinda la fórmula y cómo esta se actualizará según las subidas del gasóleo habrá que esperar a que se apruebe el decreto ley, que el sector espera que sea en próximos Consejos de Ministros, aunque descarta que sea este mismo martes, pues faltan puntos por matizar.
En todo caso, el Ministerio de Transportes lleva días lanzando guiños al sector. El ministro Óscar Puente reconoció el viernes que el primer decreto ley se había quedado corto con las ayudas para el sector y, ese mismo día, su departamento lanzó una nota interpretativa en la que aclaraba que los cargadores no podían beneficiarse de la ayuda de los 20 céntimos a los transportistas ni de la rebaja impositiva al combustible para lograr una bajada de los contratos de transporte. Hacienda también ha asegurado en los últimos días a los transportistas autónomos que podrán seguir acogidos al régimen de módulos si facturan, como mucho, 125.000 euros anuales. Dos aclaraciones pedidas por los transportistas que, junto a la reunión de este lunes, acercan sus posturas con las del Gobierno y alejan la posibilidad de un conflicto en el sector.