Lo más llamativo, sin duda han sido los tomates tirados en la cuneta y quemados, el vino derramado por el asfalto o naranjas destrozadas bajo las ruedas de los tractores. Pero el daño causado a los transportistas y a sus clientes durante las semanas de movilizaciones de los agricultores y granjeros franceses, ha afectado a todos los sectores exportadores e importadores de nuestro país que confían en la eficacia y la eficiencia de nuestras flotas de transporte internacional por carretera.

Desde el textil, al químico pasando por automoción o bienes de equipo, las pérdidas económicas por todos los retrasos y daños producidos son enormes, sin contar otros perjuicios mucho más difíciles de contabilizar como el sentimiento ansiedad y desprotección de los conductores; el descabale de toda la programación de las rutas internacionales y, lo peor, la merma en la confianza de los clientes o, incluso, la pérdida de sus contratos.

Durante esas dos semanas horribilis desde esta patronal no paramos de solicitar la intervención inmediata de nuestro Ejecutivo -carta a Óscar Puente incluida- para que intercediera ante el Gobierno francés, con un recién estrenado primer ministro Gabriel Attal, con el fin de proteger a nuestras empresas, convertidas en rehenes involuntarios y totalmente desprotegidos, sobre todo durante la primera semana del conflicto cuando la Gendarmería francesa ni siquiera se molestó en velar por la seguridad de nuestros transportistas. Una vez que este tsunami de violencia afortunadamente está en declive, nuestro foco ahora se dirige a reclamar resarcimiento, siquiera sea parcial, de lo perdido por las empresas de transporte afectadas durante estos disturbios.

Estamos trabajando, con el respaldo de la IRU, junto a otras asociaciones, expertos y abogados, a nivel nacional y europeo, para intentar que se establezcan canales sencillos, directos y apropiados para que aquellos que se han visto afectados por estas protestas puedan resarcirse frente al Estado francés o frente a los agricultores causantes de estos daños. A principios de mes le trasladamos esta demanda a la Comisaria de Transportes de la UE, Adina Valean, en una reunión a la que también asistió la delegada general de la Federación Francesa de Transportistas por Carretera; y días más tarde, le expusimos esta misma petición al Ministerio capitaneado por Óscar Puente en una reunión del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Encuentros con buenas intenciones, pero sin resultados prácticos hasta la fecha. Tampoco podemos olvidar que la legislación francesa sólo reconoce el derecho a compensaciones en caso de destrucción de la mercancía (fruto de un ataque), pero no contempla las pérdidas provocadas por los retrasos, alteración de las condiciones de los productos perecederos o cancelación de pedidos, ni tampoco la tensión en la cadena de suministro -en ventas y precios- ni la pérdida de oportunidades comerciales.

"CORREDORES VERDES"

Si hacemos un ejercicio de memoria colectiva nos vendrá a la cabeza un elemento que durante los meses de confinamiento alivió mucho a nuestro sector a la hora mitigar el impacto de la pandemia del Covid: los “corredores verdes”. El establecimiento de estos ‘green lanes’, pasos fronterizos para vehículos de transporte de mercancías en los que los controles (sanitarios y de otros tipos) no debían prolongarse más allá de 15 minutos, garantizó un flujo rápido y continuo de mercancías en toda la UE. Recordemos que esta medida no tenía rango de normativa; fue sólo una recomendación de la Comisión Europea. Una propuesta que, a raíz de su publicación en marzo de 2020, fue acatada casi unánimemente por todos los Estados miembros.

¿Sería muy descabellado confiar en que la Comisión Europea propusiera una recomendación para garantizar la libre circulación, proteger a los usuarios y sus vehículos, combatir la impunidad de los infractores y, por último, establecer un mecanismo coordinado y común a los 27 para calcular y canalizar las indemnizaciones en casos como los pasados disturbios en Francia y los actuales en España?

Parece mentira que en un Estado de Derecho del que se supone que disfrutamos lo que convivimos en la UE sea tan difícil proteger a las víctimas cuando se trata de acciones violentas indiscriminadas como las ocurridas en nuestro país vecino. Este concepto tan manoseado del “Estado de Derecho” no es baladí ya que es un elemento clave para garantizar la justicia, la seguridad jurídica, la protección de los derechos y el funcionamiento democrático de una sociedad. Un principio que, supuestamente, previene el abuso de poder, la arbitrariedad y la injusticia; y que, supuestamente, promueve la igualdad ante la ley y el respeto por los derechos individuales y colectivos. Y repito “supuestamente” porque a la vista está que no siempre se garantizan estos derechos.  

Lograr que se fije un procedimiento estándar con el fin de calcular las indemnizaciones y armonizar un único sistema para gestionarlas es una ardua tarea en la que nos estamos encontrando muchos escollos. Muros que no van a impedir que cejemos en nuestro empeño de reclamar lo que nos parece lícito para un sector que se ha visto injustamente perjudicado. Una vez más.