CCOO y UGT en Correos han decidido unitariamente convocar huelga general los días 1, 2 y 3 de junio y realizar una manifestación hasta el Parlamento el 1 de junio. Para ambos sindicatos el organismo público esta llevando a cabo un "desguace implantado por su presidente, Juan Manuel Serrano, nombrado por el PSOE, que ha emprendido un proceso de reconversión y desguace, con el inaceptable aval de Moncloa, que está provocando la desilusión y frustración de los trabajadores y trabajadoras de Correos".
El 7 de abril se reunirán 200 delegados sindicales para dar el pistoletazo de salida a la movilización
Para los dos sindicatos, este modelo "condena a Correos a ser un operador paquetero, logístico y de carga de mercancías, donde el negocio puro y duro prima sobre el servicio postal público a la ciudadanía, dentro de un marco ultraliberal que ni la derecha se atrevió a implantar teniendo mayoría absoluta".
Exigen al Gobierno que "deje de mirar para otro lado, y frene su alocada huida ultraliberal, para volver a replantear el futuro de Correos desde un modelo de servicio público, moderno, competitivo, eficaz y eficiente, con financiación suficiente e inversiones que garanticen su viabilidad". Ambas organizaciones han anunciado que, de no revertir la situación, el jueves día 7 de abril reunirán a 200 delegados para dar el pistoletazo de salida a la movilización anunciada.
Exigencias
CCOO y UGT señalan algunos puntos como inaceptable. Según sus palabras, son estos:
Que Correos esté al borde de la “quiebra técnica” y ruina económica, con cientos de millones acumulados en pérdidas (más de 500 millones en tres años, 400 millones de déficit estructural, préstamos por un montante de 1000 millones para el pago de las nóminas).
El desplome de carga de trabajo (hundimiento): Abandono de la carta y del SPU, política agresiva de precios que ahuyenta clientes, incapacidad de aprovechar el crecimiento del mercado de paquetería, que en otros grandes operadores europeos reporta millones de beneficios.
El abandono/aversión al servicio público, tanto en el mundo rural de la España vaciada como en el urbano y oficinas
La implantación del empleo basura: pérdida de 7.000 puestos, 25% de jornadas a tiempo parcial en todas las áreas de actividad, precarizando las condiciones laborales.
Cambios organizativos impuestos, negociados a escondidas únicamente con el 24% de la representación (CSIF, SL y CIG), que precarizan a todos los colectivos.
