Sector | El Ministerio da continuidad a los acuerdos con los transportistas con el plan de inspección 2024

El control de los precios, que los camiones no realicen las labores de carga y descarga y la lucha contra la morosidad son las prioridades.

El control de la deslocalización es uno de los objetivos.
El control de la deslocalización es uno de los objetivos.

El Ministerio de Transportes ha aprobado el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2024 que incluye entre sus objetivos controlar que los transportistas trabajen a un precio justo, que el conductor no realice, en general, las labores de carga y descarga de la mercancía o reforzar la lucha contra la morosidad en el sector. Es decir, el control de los acuerdos que el Ministerio ha alcanzado con los transportistas en los últimos años.

Para la elaboración de este Plan han trabajado el Comité Nacional del Transporte Terrestre por Carretera, la Comisión de Directores Generales de Transporte, miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, representantes de las Comunidades Autónomas responsables de la Inspección de Transporte Terrestre y las Policías autonómicas de sus respectivas Comunidades Autónomas.

Los objetivos de este Plan que afectan al transporte de mercancías por carretera son los siguientes:

  • Control del cumplimiento de las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportistas atendiendo a la normativa en vigor.
  • Poner especial atención en empresas con una mayor tendencia infractora.
  • Control de la deslocalización de las grandes empresas hacia países de la UE con menos costes de explotación de la actividad, que claramente genera una situación de competencia desleal.
  • Control de la “utilización “de forma fraudulenta de las distintas formas de organización social (cooperativas de trabajo), en las que no existe una verdadera relación societaria, encubriendo obligaciones y responsabilidades que son exigidas a las empresas de transportes.
  • Control sobre las áreas de negocio para el consumo colaborativo en materia de movilidad que pueden ocultar diversas formas de fraude donde existe un ánimo de lucro y encubren una actividad empresarial que deben ser considerados como servicios profesionales de transporte tanto de viajeros como de mercancías.
  • Control de la morosidad.
  • Control de precios y gastos relacionados con el transporte.
  • Control de la carga y descarga

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