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El Gobierno actualiza las condiciones para el lavado y reparación de cisternas de mercancías peligrosas

Entre las principales novedades, el real decreto revisa cuándo es obligatorio realizar operaciones de lavado interior, desgasificación o despresurización de las cisternas que han transportado mercancías peligrosas.

Publicado: 19/03/2026 ·17:38
Actualizado: 19/03/2026 · 17:38
  • La normativa se ha actualizado a través de un decreto.

El Gobierno, a través de un decreto, ha actualizado la normativa que regula las instalaciones dedicadas al lavado interior, desgasificación, despresurización, reparación y modificación de cisternas utilizadas para el transporte de mercancías peligrosas, según recoge la patronal murciana Froet. La nueva regulación entrará en vigor el 1 de julio de 2026, por lo que empresas de transporte, operadores de cisternas y centros especializados disponen de varios meses para conocer los cambios y prepararse para su aplicación.

Entre las principales novedades, el real decreto revisa cuándo es obligatorio realizar operaciones de lavado interior, desgasificación o despresurización de las cisternas que han transportado mercancías peligrosas. También se actualiza el procedimiento general para llevar a cabo estas tareas, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad en la manipulación y mantenimiento de estos equipos.

Froet destaca que desde el punto de vista práctico, las empresas que operan con cisternas o utilizan este tipo de instalaciones deberán revisar los procedimientos de limpieza y mantenimiento, así como comprobar que los centros con los que trabajan se adaptan a los nuevos requisitos establecidos por la normativa.

Para las instalaciones

Asimismo, la norma fija requisitos mínimos más actualizados para las instalaciones que se dedican a reparar, modificar o alterar cisternas, actividades que requieren condiciones muy específicas debido al riesgo que pueden suponer los residuos o vapores de determinados productos transportados.

Otro aspecto relevante afecta a las instalaciones que ya estaban autorizadas para realizar estas actividades antes de la entrada en vigor de la nueva norma. En estos casos, los centros deberán realizar una auditoría periódica para verificar que cumplen los requisitos actualizados. El plazo máximo para llevar a cabo esta revisión será de tres años desde la entrada en vigor del real decreto.

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