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Expertos en seguridad vial impulsan 23 medidas para prevenir el consumo de drogas en la conducción

Algunas de las medidas son: justicia restaurativa para reducir la reincidencia, tolerancia cero a las drogas al volante, refuerzo de los controles de saliva en carretera y programas obligatorios de rehabilitación para reincidentes.

Publicado: 29/04/2026 ·16:17
Actualizado: 29/04/2026 · 16:17
  • Uno de cada seis conductores fallecidos en accidente de tráfico en España da positivo en drogas.

En España, uno de cada seis conductores fallecidos en accidente de tráfico da positivo en drogas, principalmente en cocaína y cannabis. Por ello, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) y Fundación Mapfre han impulsado, junto a diferentes instituciones públicas y privadas, expertos nacionales e internacionales, entidades de prevención y asociaciones de víctimas, una hoja de ruta con 23 medidas para reducir el impacto de las drogas en la seguridad vial. En esta ocasión el foco se ha puesto en las drogas distintas del alcohol, el cual sigue siendo la que mayor impacto presenta en la mortalidad vial y por ello requiere un tratamiento aparte.

Esta propuesta de actuación se ha presentado en el marco del 'Seminario Internacional sobre conducción bajo los efectos de las drogas', organizado por Fundación Mapfre junto con el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, y con el apoyo de Securetec, en el que se ha abordado el impacto de estas sustancias en la conducción, la evidencia estadística en España y Europa, los avances en la detección en carretera, y las vías para reducir la siniestralidad mediante tecnología, legislación y prevención.

Durante la jornada, los participantes han coincidido en que abordar la conducción bajo los efectos de las drogas exige una respuesta integral que combine educación, control y concienciación social.

ESPAÑA, FILANDIA, ITALIA, PORTUGAL Y FRANCIA

La primera parte del seminario ha analizado la realidad de la conducción bajo los efectos de las drogas en España y la dimensión que sigue teniendo este fenómeno en la siniestralidad vial. Durante este bloque, se abordó la presencia de estas sustancias en conductores fallecidos en siniestros de tráfico, destacando la elevada prevalencia de drogas ilegales, la normalización social del consumo, el aumento de la presencia de cocaína en grupos de mayor edad y la elevada carga asistencial en urgencias. En este contexto, se subrayó la importancia de la formación específica para los agentes y de campañas coordinadas entre distintos organismos para afrontar esta problemática.

Se recordó que, según el último informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 16,4% de los conductores fallecidos da positivo en sustancias, principalmente cocaína y cannabis, lo que evidencia la magnitud del problema. En el caso de los peatones, la presencia de drogas (distintas del alcohol) en viandantes fallecidos se ha constatado en el 11% de los fallecidos, siendo también el cannabis la droga más habitual, en dos de cada tres peatones. Esta realidad se refleja también en el ámbito del control y la supervisión, donde en 2024 se realizaron 122.938 pruebas de drogas, un 20,6% más que en 2023.

La segunda parte del seminario dio a conocer la evolución de este problema en otros países europeos, con portavoces de Finlandia, Italia, Portugal y Francia, que expusieron sus modelos de control, prevención y respuesta normativa frente a la conducción bajo los efectos de sustancias, así como las principales tendencias en el ámbito de la detección de drogas y la evolución de los sistemas de control en carretera.

En concreto, Finlandia señaló un aumento del consumo de cannabis y el uso de pruebas toxicológicas, aunque con limitaciones en su aplicación; Italia ha registrado un ligero incremento de casos en 2024 (4.511 frente a 4.309 en 2023) en paralelo a la evolución de su marco normativo; Portugal mantiene una regulación estricta y plantea el uso de test voluntarios de saliva en carretera; y Francia estima que entre el 20% y el 30% de los accidentes están vinculados a alcohol, sustancias o psicofármacos, lo que ha impulsado más controles y un endurecimiento de las penas.

HOJA DE RUTA: 23 MEDIDAS

La principal aportación de la jornada ha sido la presentación de una hoja de ruta con 23 medidas para abordar esta problemática en España y en Europa:

  1. Desarrollar campañas en escuelas, centros de formación de conductores y centros de trabajo, así como acciones periódicas dirigidas a colectivos específicos, como base para las campañas de supervisión policial.
  2. Diseñar una estrategia de prevención social centrada en tres mensajes: el cannabis también afecta negativamente a la capacidad para conducir, la mezcla de drogas multiplica el peligro, y los psicofármacos también cuentan.
  3. Apostar por áreas más reducidas de influencia, es decir, por microcreadores locales con alta credibilidad, no solo por influencers con un gran número de seguidores.
  4. Activar estrategias de presión social positiva hasta cambiar la norma percibida, yendo más allá de la mera difusión de la información.
  5. Reforzar el marco legal que habilite a los policías de tráfico a realizar pruebas aleatorias de saliva para la detección a pie de carretera.
  6. Reforzar la capacidad preventiva de los policías de tráfico mediante formación específica, mejores herramientas de prevención y procedimientos más rápidos.
  7. Incrementar los controles de alta visibilidad a pie de carretera y de calle combinando test de saliva con test de confirmación en laboratorio, utilizando inteligencia de riesgo para concentrar dichos controles en noches, fines de semana, periodos festivos y entornos de ocio.
  8. Implementar en un plazo máximo de tres años programas de prevención del riesgo vial de la conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.
  9. Reforzar las medidas de control en el marco de la prevención de riesgos laborales y en el ámbito específico de la seguridad vial.
  10. Diseñar herramientas de prevención, detección precoz y rehabilitación, incluyendo tratamientos integrales para los conductores de mayor riesgo, como varones jóvenes o conductores con problemas de consumo.
  11. Realizar cursos de rehabilitación y evaluaciones clínicas y de aptitud obligatorios para conductores drogados reincidentes o en casos graves, como requisito para la recuperación del permiso de construcción.
  12. Derivar a los servicios de salud a los conductores reincidentes.
  13. Incluir el nuevo concepto de justicia restaurativa en este ámbito para reducir la incidencia y mejorar la respuesta y reparación del daño.
  14. Avanzar hacia una regulación clara con 0,0 para eliminar cualquier ambigüedad, ya que es la única tasa que no genera dudas.
  15. Establecer un límite de número de recuperaciones del permiso de conducción y trazabilidad reforzada del seguimiento de esos casos.
  16. Estrechar la colaboración entre los sectores públicos y privados para la puesta en marcha de proyectos educativos y medidas de control.
  17. Implicar en la prevención a sectores clave como el ocio, los festivales o las empresas de transporte.
  18. Reforzar los canales de comunicación entre las instituciones públicas de Salud y de Tráfico a nivel territorial y estatal.
  19. Establecer una trazabilidad de la medicación incompatible con la conducción, y habilitar un sistema de comunicación entre la DGT y las autoridades sanitarias para intervenir temporal o permanentemente los permisos cuando la patología sea incompatible.
  20. Diseñar un indicador de desempeño que combine las pruebas de drogas con cuestionarios autodeclarados como la vía más efectiva para estimar la prevalencia de la conducción bajo los efectos de las drogas y entender mejor los comportamientos relacionados.
  21. Ampliar la integración de la información de los controles policiales en los sistemas de vigilancia estatal sobre adicciones, para reforzar la información de valor sobre patrones de consumo emergente.
  22. Promover la investigación aplicada a este ámbito.
  23. Seguir investigando en la mejora de los procedimientos y actas de identificación de síntomas para reducir el número de sentencias absolutorias por falta de evidencia de la evidencia de las drogas en la conducción.

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