La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) pide un enfoque armonizado para las actualizaciones de seguridad de los tacógrafos. Una vez que se implementó la obligatoriedad de contar con el tacógrafo inteligente de segunda generación para hacer transporte por Europa, las dos empresas que los fabrican han seguido políticas diferentes sobre quién debía pagar las actualizaciones de seguridad a las que obligó Bruselas.
IRU destaca que mientras que Stoneridge Electronics decidió asumir los costos, Continental (Aumovio) implementó un sistema en el que los operadores, en última instancia, asumen dichos costos mediante la compra de vales de actualización.
"Consideramos que los operadores de transporte por carretera, como usuarios finales de equipos que ya han sido homologados y comercializados, no deberían tener que asumir los costes de las actualizaciones de seguridad obligatorias que corrigen las vulnerabilidades identificadas después de la homologación", defiende la directora de incidencia política de la IRU en la UE, Raluca Marian: "Los operadores ya realizan importantes inversiones para equipar sus vehículos con las tecnologías obligatorias y necesitan tener certeza en los costes para planificar sus negocios de forma eficaz".
IRU recuerda que cuando se identifican riesgos de ciberseguridad en dispositivos móviles inteligentes, las medidas correctivas suelen correr a cargo del fabricante: "La misma lógica debería aplicarse a los tacógrafos. No se debería esperar que los usuarios finales asuman las consecuencias económicas de las vulnerabilidades detectadas en equipos homologados". IRU insta a todas las partes interesadas a garantizar que los operadores de transporte por carretera no tengan que asumir los costes de las actualizaciones de seguridad obligatorias relacionadas con las vulnerabilidades detectadas tras la homologación, tanto en los casos actuales como en cualquier situación similar que pueda surgir en el futuro.
