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Los megaproyectos europeos de transporte van por mal camino: más caros y más tarde

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo certifica que las obras relacionadas con la red básica transeuropea de transporte llevan un retraso de 17 años y casi han duplicado su presupuesto inicial.

Publicado: 30/01/2026 ·16:04
Actualizado: 30/01/2026 · 16:05
  • El informe analiza, principalmente, ocho megaproyectos de infraestructura.

La red básica transeuropea de transporte (RTE-T) no estará finalizada en 2030, como se comprometieron los países europeos en 2013. Es la conclusión de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo presentado en enero y que actualiza una auditoría similar de 2020. Si hace cinco años los auditores europeos pensaban que era "improbable" que se cumpliera la fecha, ahora señalan que "no se cumplirá". Esto se debe a las crisis imprevistas –desde el covid a la guerra en Ucrania– que han impedido una mayor inversión en estos megaproyectos de infraestructura.

Las perspectivas en 2025 son peores que las de 2020, y están muy lejos de lo que se había previsto inicialmente. El informe recoge que muchos megaproyectos se han visto afectados por el aumento de los costes. En 2020, los auditores informaron de que los ocho megaproyectos examinados habían experimentado un aumento global de los costes reales (es decir, una vez deducida la inflación) del 47%, en comparación con las estimaciones originales. En la actualidad, la diferencia es casi el doble, y se sitúa en un incremento del 82%.

Este aumento se ha visto impulsado por desviaciones presupuestarias en dos proyectos: Rail Baltica, cuyos costes se han disparado un 160% en los últimos seis años, hasta casi cuadruplicar las estimaciones iniciales, y el enlace ferroviario Lyon-Turín, más del doble de la proyección original. Por su parte, los costes de construcción del Canal Sena–Norte de Europa, un proyecto para sacar camiones de la carretera utilizando vías fluviales, se han triplicado en total desde el inicio del proyecto. Los ocho principales megaproyectos recibieron en total 7.900 millones de euros adicionales en subvenciones de la UE desde el examen de 2020, lo que significa que el importe total de la financiación de la UE desembolsada para estas infraestructuras asciende ahora a 15.300 millones de euros.

Retrasos en el calendario

Por lo que se refiere a los calendarios de ejecución, los auditores de la UE señalaron en su informe de 2020 un retraso medio de 11 años respecto a los planes originales. Su actualización de 2025 muestra que la situación se ha deteriorado aún más. En el caso de los cinco megaproyectos sobre los que se dispone de información, el retraso medio se ha ampliado a 17 años. Se espera que la línea ferroviaria Y Vasca, que debía estar operativa para 2010 según su calendario inicial y para 2023 según el plan revisado de 2020, esté lista para 2030 como muy pronto (los promotores del proyecto consideran que 2035 es más realista).

La apertura del enlace ferroviario Lyon-Turín está prevista ahora para 2033 (no para 2015 como se preveía inicialmente ni para 2030 según el calendario de 2020). Ahora se espera que el túnel de base del Brennero se inaugure como muy pronto en 2032, y no en 2016 o 2028, como se había previsto anteriormente. El Canal Sena-Norte de Europa debía comenzar a funcionar inicialmente en 2010, fecha que posteriormente se aplazó a 2028; ahora se considera más probable 2032. La conclusión es inequívoca: no cabe duda de que no se alcanzará el objetivo de 2030 de completar la red básica de la RTE-T de la UE.

A pesar de estos problemas, la Comisión Europea solo ha utilizado una vez el principal instrumento jurídico de que dispone para recibir explicaciones de los retrasos (artículo 56 del Reglamento RTE-T de 2013), y no lo ha hecho en ninguno de los ocho megaproyectos examinados. Los auditores esperan que la reciente revisión del Reglamento RTE-T aumente el papel y las competencias de la Comisión Europea en la supervisión de la finalización de la red. Pero subrayan que esto tendría principalmente un impacto en los futuros megaproyectos. También señalan que el impacto de este cambio en los futuros proyectos de infraestructura dependerá en última instancia de si los países de la UE aplican y cumplen realmente las disposiciones legales.

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