El Puerto de Santander reforzará su seguridad ante el problema de los polizones albaneses que intentan llegar de forma irregular a Gran Bretaña y para ello ha contratado una empresa de seguridad con siete vigilantes y está realizando un proceso de selección para incorporar a otros 13 agentes de Policía Portuaria que se sumarán a los 45 actuales, según ha informado Europa Press.
la Autoridad Portuaria de Santander lleva invertidos en torno a 3 millones de euros en los dos últimos años en seguridad
Con ello la Autoridad Portuaria de Santander (APS) lleva invertidos en torno a 3 millones de euros en los dos últimos años -en medidas como la mejora de vallas, sensores o cámaras- para frenar este problema que se está volviendo "endémico" y que causa incidencias a los operadores, ya que en ocasiones los clientes devuelven las cargas por daños causados por los polizones.
Por ello, tanto la Autoridad Portuaria como el Gobierno de Cantabria han pedido de nuevo al Ministerio de Interior un aumento de los efectivos de Guardia Civil, que son quienes se ocupan de la seguridad en el exterior del puerto, así como impulsar un cambio en la legislación para poder actuar frente a ellos, ya que actualmente saltar la valla para tratar de llegar de forma irregular a otro país no es delito, y la Policía Portuaria únicamente puede devolverles fuera del recinto.
CARTA A GRANDE-MARLASKA
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha enviado esta semana una carta al ministro, Fernando Grande-Marlaska, en la que le remarca la importancia del puerto para la economía cántabra -representa un 10% del PIB- y pide más dotación de Guardia Civil, ya que "hay poca".
Revilla ha destacado las previsiones "muy halagüeñas" que existen para el puerto -gracias a proyectos como el de La Pasiega- pero ha advertido que su futuro se puede ver "truncado por la falta de seguridad", que ya ha provocado la pérdida de operadores.
Además, ha incidido en la importancia de conseguir "algún tipo de norma jurídica" que permita actuar contra los polizones albaneses con medidas como la retirada del visado de turista para devolverles a su país, ya que están en una "impunidad absoluta" y además "sabemos quienes son" y "los ciudadanos de Santander les ven habitualmente deambular de un lado para otro para intentar saltar".
