La ley recogerá, negro sobre blanco, el rechazo a la implantación de peajes en las autovías, tal y como prometió el Gobierno al final de la legislatura pasada. Este compromiso se incorporará en el decreto que aplicará en España la Directiva sobre la Euroviñeta, la norma europea que regula los gravámenes por la utilización de las carreteras.

El decreto recogerá explícitamente la "no aplicación de peajes por la circulación en las autovías y en el resto de carreteras que forman parte de la Red General del Estado", con la excepción de las autopistas privadas sometidas a régimen concesional. Así se lo ha comunicado la directora general de Transportes por Carretera, Roser Obrer, a las asociaciones de transportistas con las que se ha reunido este martes. Obrer ha explicado que el Ministerio de Transportes va a iniciar "en breve" la tramitación del decreto que transpondrá en el ordenamiento jurídico español la Euroviñeta y que enterrará definitivamente los peajes.

Esta norma establecerá los criterios de fijación del peaje máximo a cobrar por las concesionarias privadas de autopistas, para cuyo cálculo se deberá tener en cuenta las emisiones de los vehículos. El Ministerio de Transportes se ha comprometido a que este nuevo criterio solo se aplique en las autopistas propiedad del Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte, es decir, las autopistas rescatadas como consecuencia de la quiebra de las empresas explotadoras, y que en la actualidad lo conforman las siguientes: radiales R2, R3, R4, R5, autopistas M12, AP-41 y AP-36, y tramos de la autopista AP-7 en la Circunvalación Alicante y AP-7 en Cartagena-Vera.

Peajes y marcha atrás

Fenadismer, una de las asociaciones de transportistas con las que se ha reunido este martes Roser Obrer, ha valorado positivamente este anuncio del Ministerio de Transportes.

El Gobierno español se había comprometido en 2021 con la Comisión Europea a introducir el pago por uso de las autovías a partir de 2024, pero posteriormente echó marcha atrás por la falta de consenso que generaba, en especial entre las empresas de transporte. El Ejecutivo europeo había vinculado los nuevos peajes con el el sexto tramo del fondo de recuperación, 8.000 millones de euros. Para recibir los fondos sin tener que implantar el pago por uso, el Gobierno español se comprometió a incorporar medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías, un cambio que finalmente aceptó la Comisión Europea.