Óscar Puente será el nuevo ministro de Transportes, en sustitución de Raquel Sánchez. La cartera pierde las competencias de Vivienda y Agenda Urbana, que pasarán a dirigirse desde un Ministerio específico.
Puente, de 55 años, ha sido alcalde de Valladolid durante dos legislaturas, desde 2015 hasta este año, cuando quedó primero en las elecciones pero se vio desbancado por la coalición de PP y Vox. En las elecciones generales de julio ganó su escaño al Congreso de los diputados y fue el elegido por el grupo socialista para responder al candidato popular Alberto Núñez Feijóo durante su sesión de investidura. Su intervención, muy dura contra Feijóo, fue polémica, porque se esperaba que fuera el propio Pedro Sánchez el que le contestara. Esto sirvió para que Puente ganara popularidad en el panorama nacional.
Puente tendrá que sacar adelante el aumento de masas y dimensiones que no logró aprobar su antecesora, así como la Ley de Movilidad Sostenible
El propio Puente destaca de su etapa como alcalde de Valladolid su política de movilidad, concretamente el impulso al transporte público y a los carriles bici. En su cuenta de X (antes Twitter) tiene fijada una publicación en la que critica el cambio de la ordenanza de movilidad que ha realizado la actual corporación municipal del PP y Vox. Su interés por la política de movilidad y su perfil político -es militante del PSOE desde 1990- son dos de los rasgos más destacados del futuro ministro.
Raquel Sánchez, saliente
Óscar Puente comparte cierto perfil político con la ministra a la que sustituye. Raquel Sánchez era alcaldesa del municipio barcelonés de Gavá cuando Pedro Sánchez la nombró ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dejó de denominarse Fomento precisamente para darle más peso a las políticas de movilidad. Asumió el cargo el 12 de julio de 2021 y lo deja apenas dos años y medio después.
A su llegada, Raquel Sánchez tuvo que hacer frente a una amenaza de paro patronal que las principales asociaciones del sector convocaron para diciembre de 2021. Este paro lo esquivó a cambio de comprometerse con los transportistas a aplicar un conjunto de 20 medidas, que han marcado su etapa frente al Ministerio. Se han cumplido algunas como la prohibición por ley de que los conductores realizaran las labores de carga y descarga o la revisión obligatoria del precio del transporte por la variación del precio del carburante.
Se va del Ministerio sin cumplir su promesa de revisar el Reglamento General de Vehículos para aumentar las masas y dimensiones. Tampoco logró sacar la Ley de Movilidad Sostenible en la anterior legislatura.
Aunque sorteó el paro que le planteó el Comité Nacional del Transporte por Carretera -que engloba a las principales patronales del sector y que es el órgano de interlocución con el Ministerio-, no tuvo la misma suerte con el convocado a partir del 14 de marzo de 2022 por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, una entidad que no forma parte del Comité. El choque entre los convocantes y el Ministerio, que no reconoce a esta plataforma como una asociación con representatividad, fue muy fuerte. Solo se solucionó cuando el Gobierno aprobó la bonificación de los 20 céntimos por litro y se comprometió a aprobar una ley que garantizase a los transportistas que no trabajarían por debajo de costes, conocida como Ley de la Cadena del Transporte.
La implantación de peajes en las autovías ha sido otro de los temas que más ha desgastado a Raquel Sánchez. El Gobierno se comprometió a ello con la Unión Europea, pero finalmente los ha podido esquivar a cambio de impulsar el tren, medio que Bruselas y España consideran más ecológico. Aumentar el escaso número de mercancías que se transportan por tren en España ha sido una de las batallas de Raquel Sánchez -y de los anteriores ministros del ramo- que hereda Óscar Puente.
Puente también tendrá que sacar adelante el aumento de masas y dimensiones que no logró aprobar su antecesora, así como la Ley de Movilidad Sostenible. Muchos otros retos vendrán marcados desde Bruselas, puesto que el actual mandato europeo acaba en marzo y faltan por aprobar normas tan importantes como la Euro 7 o el Reglamento de emisiones de CO2 para vehículos pesados.
