Con la convocatoria adelantada de elecciones se complica que vea la luz la norma que preparaba el Ministerio de Trabajo y que pretendía obligar a los conductores profesionales a fichar en sus camiones. Al menos, en esta legislatura. El proyecto de decreto sobre control digital de la jornada laboral había sido criticado por patronales del transporte, que entienden que los conductores ya tienen un control horario digital a través de los tacógrafos. Al sea un decreto que no necesita tramitación parlamentaria en teoría podría salir adelante hasta que se celebren las elecciones, el 29 de noviembre, pero la falta de acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Economía ha hecho que se vaya retrasando su aprobación. 

En mayo, Fenadismer pidió al Ministerio que dirige Yolanda Díaz que "al igual que se ha hecho con la marina mercante, se excluya al transporte por carretera para evitar duplicidades al disponer del aparato tacógrafo". 

En lo que restaba de legislatura también estaba por desarrollar el Plan Social para el Clima, que ponía sobre la mesa ayudas de 846 millones para camiones eléctricos, 642 para furgonetas y 400 para puntos de recarga. Es un mandato europeo, por lo que no hay duda de que se terminará aprobando, pero el Gobierno que salga de las urnas tendrá que decidir si lo retoma como lo presentó el actual Ejecutivo en mayo o lo rediseña.

Además, con la disolución de las Cortes (Congreso y Senado) por la convocatoria electoral no se pueden aprobar proyectos ni proposiciones de ley, aunque estuvieran ya en tramitación. Y esto afecta a varias normas relacionadas con el transporte. Decae así el proyecto de ley con medidas para reforzar la obligación de repercutir la subida del gasóleo en los contratos de transporte. La norma está plenamente en vigor, porque se aprobó por decreto ley y fue convalidado por el Congreso, pero se estaba tramitando como proyecto de ley para que se pudieran introducir enmiendas. Con el adelanto electoral se impide que pueda aprobarse ningún cambio, como los que querían introducir los cargadores. La ley, que está plenamente en vigor, introdujo una nueva fórmula para repercutir el combustible en los contratos de transporte continuado, obligaba a aplicar este cálculo en cada periodo de facturación y aprobaba multas de hasta 18.000 euros para los cargadores que se negaran a aplicarlo. 

Módulos

Por último, el adelanto electoral también afecta a los miles de transportistas autónomos que se acogen a módulos (régimen de estimación objetiva). Desde 2016 los sucesivos Gobiernos prorrogan año a año el límite de facturación –de 125.000 euros anuales– para poderse acoger a este régimen. Para que este límite se prorrogue de cara al año 2027, o bien se apruebe un nuevo régimen alterativo como piden los transportistas, debe aprobarse una norma con rango de ley antes del próximo 31 de diciembre.