La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha reclamado al Gobierno el pago urgente de la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante aprobada hace más de dos meses para paliar el impacto de la guerra de Irán sobre el precio del petróleo. Este tipo de ayudas estatales necesitan la autorización de la Comisión Europea, que, aunque ha anunciado que será flexible, todavía no ha dado luz verde. FVET advierte de que el retraso en el abono efectivo de estas ayudas, "está generando una situación de creciente tensión económica para muchas empresas transportistas".
La patronal valenciana recuerdan que el combustible supone actualmente cerca del 40% de los costes de explotación de un vehículo pesado, una cifra que se ha disparado tras semanas consecutivas de subida del gasoil. "El transporte está soportando una presión económica muy difícil de asumir. El retraso en el abono de las ayudas está tensionando la capacidad operativa y financiera de muchas empresas", ha señalado Carlos Prades, presidente de FVET.
La federación subraya que el incremento del precio del carburante desde el inicio del conflicto ha sido especialmente intenso. En este contexto, FVET considera que la ayuda de 20 céntimos por litro resulta insuficiente para compensar el impacto real que están soportando las empresas, aunque insiste en que su abono inmediato es imprescindible para aliviar la situación de tesorería del sector.
“El incremento del combustible está siendo muy superior a las ayudas anunciadas. Aun así, necesitamos que se paguen cuanto antes porque hay empresas que empiezan a tener dificultades financieras importantes”, ha advertido Prades. La patronal alerta de que el retraso en el pago de las ayudas "está provocando una progresiva descapitalización de las empresas transportistas, dificultando su capacidad para asumir gastos corrientes y mantener la actividad en condiciones normales".
Mínimis
FVET reclama además que la Unión Europea elimine las limitaciones vinculadas al régimen de mínimis (el límite de ayuda que una empresa puede recibir) o cualquier otro tope, tal y como ya ocurrió durante la guerra de Ucrania. En principio, la Comisión ha asegurado que los Estados podrán compensar hasta el 70% de los sobrecostes de las empresas por el incremento de los carburantes.