La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reconocido haber impuesto indebidamente más de 1.800 multas a camiones pese a circular correctamente en días de restricciones. Así figura en la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria, recogida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), y planteada el pasado mes de septiembre en el Congreso por el Grupo Parlamentario ERC tras la denuncia de esta entidad por la "actuación abusiva de la DGT al sancionar de forma indiscriminada a los transportistas durante los días de restricciones a la circulación utilizando exclusivamente las cámaras fotográficas de control automatizada".
En concreto, la Federación hizo pública su denuncia contra la actuación que de forma reiterada viene llevando a cabo la Dirección General de Tráfico (DGT) durante los días de restricciones establecidas cada año a la circulación de camiones, en los tramos y fechas en las que se prevén importantes desplazamientos de vehículos, al basar el control del cumplimiento de las mismas exclusivamente en la utilización de las cámaras de control situadas en las carreteras, "lo que conlleva sancionar indiscriminadamente a todos los camiones que circulan por dichas vías, sin diferenciar si corresponden a vehículos exceptuados de tales excepciones o no", indica.
Sin embargo, según indica, la DGT "niega la existencia de tal situación abusiva" justificándolo en que "en el supuesto de que se notificara denuncia a un vehículo exento, el procedimiento sancionador es garantista y permite las oportunas alegaciones, que son atendidas", para a continuación reconocer que en lo que va de 2025 se han impuesto mediante este sistema de lectura de matrículas automatizada "más de 1.800 denuncias erróneas recurridas", en concreto un total de 1.803 multas, y ello pese a que, como se señala en la respuesta, llevan a cabo "un posterior filtrado de las mismas del listado total de matrículas detectadas por el equipamiento de control de los vehículos".
En todo caso, Fenadismer está a la espera de la respuesta a la queja y solicitud de amparo que presentó el pasado mes de agosto ante el Defensor del Pueblo, por la indefensión a que se somete al colectivo de transportistas con estas prácticas, "al prescindir de las mínimas garantías legales y de presunción de inocencia que debe guiar todo procedimiento sancionador", subraya.
