Sector | La sentencia sobre Transportes Souto impide que más de 700 transportistas cobren su servicio

El operador entró en suspensión de pagos en febrero de 2018 y varios de los profesionales que trabajaban para él acumulan faltas de cobro de hasta seis meses.

El Ministerio Fiscal y el Administrador concursal sí que hacían responsable a la empresa del impago a sus trabajadores.
La deuda de la empresa con sus acreedores superaba los 70 millones de euros.

La sentencia sobre el concurso de acreedores promovido por el operador Transportes Martínez Souto, que ha sido notificada este miércoles a las partes, exime a la empresa de cualquier culpa o responsabilidad en la gestión que derivó en la insolvencia de la empresa

Esta decisión judicial imposibilitará en la práctica que los trabajadores afectados puedan cobrar los importes que les adeudaba la empresa cuando cesó su actividad, como denuncia Fenadismer. Entre ellos se encuentran los más de 700 transportistas que de forma habitual trabajaban para este operador, acumulando faltas de cobro de hasta 6 meses de facturación de sus servicios.

La decisión de la jueza es contraria al criterio del Ministerio Fiscal y el Administrador concursal.

En febrero de 2018, Transportes Martinez Souto S.L. cesó en la prestación de servicios a sus clientes y el impago a buena parte de sus proveedores. Ello obligó a la empresa a la tramitación del correspondiente concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, comprobándose que la deuda acumulada con sus acreedores superaba los 70 millones de euros.

Para Fenadismer, fueron las “importantes irregularidades en la gestión” de Transportes Souto lo que llevaron a la situación de suspensión de pagos en que quedó la empresa. Sin embargo, la jueza ha declarado que el concurso fue fortuito (lo que exime de responsabilidad a la empresa), en contra del criterio del Ministerio Fiscal y del Administrador concursal. 

Crédito millonario a Martínez Souto

La federación de transportistas recuerda que el Administrador concursal presentó un Informe Provisional en el que puso de relieve algunas de las actuaciones más relevantes que originaron tal insolvencia, como su "excesiva exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa rentabilidad" o las inversiones financieras a corto plazo realizadas por la empresa “compuestas casi íntegramente por un crédito a favor del socio y administrador D. Jesús Martínez Souto que alcanza los 13.776.131,16 euros”  

La Administración concursal también manifestó su sorpresa por la paralización “repentina y radical” de la actividad de la compañía que a su entender se realizó “de forma absolutamente precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”.

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