El día después de que la Comsión Europea haya propuesto flexibilizar los límites de emisiones en el transporte que la propia Unión Europea aprobó la legislatura pasada se han sucedido las reacciones. Y transportistas, fabricantes de vehículos y la industria de combustibles aplauden la nueva posición, que en lo que tiene que ver con las flotas de empresas ha desechado la posibilidad de obligarlas a comprar camiones eléctricos. Todas las asociaciones del sector han destacado el "pragmatismo" de la Comisión.

La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) aplaude especialmente que el plan para la ecologización de flotas no conlleve que los transportistas tengan que operar un número mínimo de camiones cero emisiones, "pero persisten las preocupaciones sobre los vehículos comerciales ligeros". El Ejecutivo Comunitario quiere que para 2030 los Estados miembros garanticen que una parte específica de los nuevos turismos y furgonetas de empresa matriculados en sus territorios sean de cero o bajas emisiones.

IRU está "seriamente preocupada" porque esto se traduzca en que los Gobiernos introduzcan cuotas de compra de comerciales ligeros eléctricos. "Estos mandatos corren el riesgo de socavar tanto la viabilidad económica como la aceptación social, al tiempo que hacen poco para acelerar la descarbonización en el mundo real", expresa Raluca Marian, directora de la IRU para la UE. La patronal también critica que la propuesta tampoco establece un marco de incentivos armonizado a nivel de la UE, "sino que se basa en medidas nacionales fragmentadas que corren el riesgo de distorsionar la competencia dentro del mercado único".

Faconauto, la patronal española de los concesionarios, también insiste en que los objetivos climáticos deben ir acompañados de planes estables de estímulo a la demanda del vehículo eléctrico y de una expansión acelerada de la red de recarga. Algo parecido a lo que piden los fabricantes de vehículos: "Los objetivos europeos y españoles solo serán alcanzables si se implementan medidas y herramientas concretas que acompañen a la regulación: incentivos eficaces a la demanda, marcos fiscales adecuados, despliegue acelerado de infraestructura de recarga y mecanismos de flexibilidad que aporten margen a los fabricantes", destacan en Anfac.

Cambio de concepto

A pesar de que la Comisión todavía tiene la tarea de revisar a fondo el Reglamento de emisiones de los vehículos pesados, sí que ha revisado el que tiene que ver con las emisiones de coches y furgonetas (permitiendo que se puedan vender este tipo de vehículos con motor de combustión más allá de 2035). IRU espera una "revisión anticipada [en principio, se haría en 2027] y completa de las normas de CO2 para vehículos pesados, sincronizada con la revisión para automóviles y furgonetas".

De momento, IRU sí aprecia que se ha producido un cambio conceptual notable: "Por primera vez, vemos que se ha roto el monopolio del enfoque del tubo de escape, ya que los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de los fabricantes serán parcialmente ajustables en función del uso de combustibles renovables sostenibles", señala Raluca Marian.

La Plataforma en Defensa de los Combustibles Renovables, que agrupa en España a diversas patronales de la carretera y energéticas, aplaude este cambio de paradigma e "insta a las Administraciones a desarrollar la oportunidad que tiene España de liderar la producción europea de" este tipo de combustibles.

La directora de IRU cree, sin embargo, que esta apertura sigue siendo demasiado limitada para ofrecer una flexibilidad significativa: "Si el principio de neutralidad tecnológica realmente se aplica, es difícil justificar por qué esta flexibilidad se posponga hasta 2035 y se limita a ajustes marginales de cumplimiento".