El transporte pesado de mercancías puede respirar tranquilo. La Comisión Europea no les impondrá contar con un número mínimo de camiones eléctricos. El Ejecutivo comunitario ha presentado este martes su paquete para la industria automovilística y para flotas corporativas. Entre las medidas que implican a las empresas está la que indica que a partir de 2030, los Estados miembros deberán garantizar que una parte específica de los nuevos turismos y furgonetas de empresa matriculados en sus territorios sean de cero o bajas emisiones, pero excluye de esta obligación a los camiones. 

La Comisión ya había adelantado que flexibilizaría los limites de emisiones que se había fijado para coches y furgonetas y así ha sido: ha dado marcha atrás a la prohibición de vender nuevos vehículos con motor de combustión a partir 2035. Desde esa fecha, los fabricantes deberán cumplir un objetivo de reducción de emisiones del 90%, y no del 100%, (en comparación con las emisiones registradas en 2021), mientras que las emisiones restantes del 10% deberán compensarse mediante el uso de acero hipocarbónico fabricado en la Unión Europea o a partir de combustibles electrónicos y biocarburantes. Esto se hace para permitir la venta de híbridos enchufables y otros vehículos de bajas emisiones, pero que usan motor de combustión.

En lo que tiene que ver con el caso concreto de las furgonetas, si en el reglamento aprobado en 2023 se obligaba a que el recorte de emisiones tenía que se del 50% para 2030 (en comparación con las emisiones de 2021), ahora la reducción solo será del 40%.

Los límites de emisiones de los vehículos pesados se rigen por un reglamento diferente, que fue aprobado en 2024. Este fijaba que en el periodo de 2030 a 2034 las emisiones de los camiones tenían que ser un 45% menores que las registradas en 2019 y un 65% menores en 2035-2039, hasta llegar a una reducción del 90% a partir de 2040. A falta de concretar cómo cambiará ese Reglamento –que en principio se va a revisar en 2027–, la Comisión ha comunicado que "propone una modificación específica de las normas de estos vehículos con una flexibilidad que facilita el cumplimiento de los objetivos para 2030". 

La patronal de fabricantes de vehículos en Europa (ACEA), que ha aplaudido la flexibilización de las reglas para coches y furgonetas, insta a revisar cuanto antes el reglamento que implica a los camiones: "La modificación específica para los vehículos pesados es un primer paso positivo, que ahora debe adoptarse rápidamente. No puede esperar hasta 2027. El sector necesita una evaluación urgente y un seguimiento periódico del estado de las condiciones más críticas para la transición del segmento". Además, ACEA cree que los camiones "también necesitan medidas adecuadas de estímulo de la demanda", como las que se han planteado para los coches.

España, en la línea dura

Esta marcha atrás de la Comisión, que aún deberán negociar el Parlamento Europeo y los Estados miembros (el Consejo de la UE), se alinea con las demandas de la industria del motor y con las pretensiones de países como Alemania o Italia, pero se aleja de la posición de España.

Horas antes de que la Comisión presentara estas medidas, la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había abogado por mantener ese veto y se había posicionado a favor de incluir objetivos de vehículos verdes en las flotas de empresa. La postura del Gobierno español ha indignado a CETM, la principal patronal del transporte en España, que ha expresado que es "una medida prematura, poco realista y profundamente negativa". En general, los transportistas se han mostrado muy en contra de la posibilidad de que se les obligara a operar vehículos eléctricos.