El transporte pesado de mercancías puede respirar tranquilo. La Comisión Europea no les impondrá contar con un número mínimo de camiones eléctricos. El Ejecutivo comunitario ha presentado este martes su paquete para la industria automovilística y para flotas corporativas. Entre las medidas que implican a las empresas está la que indica que a partir de 2030, los Estados miembros deberán garantizar que una parte específica de los nuevos turismos y furgonetas de empresa matriculados en sus territorios sean de cero o bajas emisiones, pero excluye de esta obligación a los camiones. 

La Comisión ya había adelantado que flexibilizaría los limites de emisiones que se había fijado para coches y furgonetas y así ha sido: ha dado marcha atrás a la prohibición de vender nuevos vehículos ligeros con motor de combustión a partir 2035. Desde esa fecha, los fabricantes deberán cumplir un objetivo de reducción de emisiones del 90% (en comparación con las registradas en 2021), mientras que las emisiones restantes del 10% deberán compensarse mediante el uso de acero hipocarbónico fabricado en la Unión Europea o a partir de combustibles electrónicos y biocarburantes.

En lo que tiene que ver con las furgonetas, si en un principio el recorte de emisiones tenía que se del 50% para 2030 (en comparación con las emisiones de 2021), ahora la reducción solo será del 40%.

Para los camiones, la Comisión plantea flexibilizar los objetivos marcados para 2030. En un principio, el reglamento sobre las emisiones de vehículos pesados fijaba que en el periodo de 2030 a 2034 las emisiones tenían que ser un 45% menores que las registradas en 2019. 

España, en la línea dura

La rectificación, que aún deberán negociar el Parlamento Europeo y los Estados miembros (el Consejo de la UE), se alinea con las demandas de la industria del motor y con las pretensiones de países como Alemania o Italia, pero se aleja de la posición de España.

Horas antes de que la Comisión presentara estas medidas, la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había abogado por mantener ese veto y se había posicionado a favor de incluir objetivos de vehículos verdes en las flotas de empresa. La postura del Gobierno español ha indignado a CETM, la principal patronal del transporte en España, que ha expresado que es "una medida prematura, poco realista y profundamente negativa". En general, los transportistas se han mostrado muy en contra de la posibilidad de que se les obligara a operar vehículos eléctricos.