IRU (Organización Internacional de Transporte por Carretera) da la "bienvenida" a la propuesta de la Comisión Europea de eximir a los camiones eléctricos de pagar peajes y tasas por el uso de la infraestructura hasta el 30 de junio de 2031. Sin embargo, los transportistas piden más ambición: que se incluya en esta exención a otros combustibles bajos en carbono; que los peajes que se recauden por emisiones de CO2 reviertan en el transporte; y que Bruselas asegure que no hay una doble imposición por estas tasas.

Raluca Marian, directora de IRU para los asuntos legislativo de la UE, valora que la propuesta de la Comisión es "una señal de apoyo muy necesaria para quienes invierten en vehículos de cero emisiones", que además reconoce que "son los incentivos, y no las sanciones", los que realmente aceleran la descarbonización: "Sin embargo, instamos a los responsables políticos a abordar las lagunas clave en el marco más amplio de la Euroviñeta [el sistema de peajes] para garantizar una transición justa y eficaz hacia un transporte por carretera de bajas emisiones o con cero emisiones".

Estas son las tres medidas sobre peajes que IRU urge a la Comisión Europea a tomar: 

• Inclusión en la exención de otros combustibles bajos en carbono: "Los vehículos propulsados ​​por combustibles alternativos, como los neutros en carbono, los biocombustibles y las mezclas de biocombustibles, también deberían beneficiarse de reducciones sustanciales de peajes para apoyar la reducción inmediata de las emisiones de CO2 en el transporte mediante la adopción de combustibles limpios", argumentan los transportistas.
• Reintegración de lo recaudado en relación con las tasas de CO2: "Es esencial una asignación temporal y obligatoria de todos los ingresos de peajes relacionados con el CO2 para apoyar los esfuerzos de descarbonización del sector del transporte comercial por carretera".
• Evitar la doble imposición: IRU lamenta que "el marco actual permite a los Estados miembros imponer múltiples cargos relacionados con el CO2 (por ejemplo, variación de tasas y cargos por costes externos), lo que corre el riesgo de sobrecargar a los operadores y socavar la inversión en tecnologías limpias".