El diccionario de la RAE, entre otras acepciones, define la palabra “galimatías” como confusión, desorden, lío. Bueno, pue eso, un verdadero galimatías es lo que está ocurriendo con la gestión de la pandemia que nos azota provocada por el COVID-19.

Lo estamos viendo, no solo en España, con la diarrea legislativa de restricciones, prohibiciones, obligaciones, recomendaciones de cada una de las diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas con los 8.131 municipios que las constituyen, ahora también se añade al lío la Unión Europea donde cada estado tiene normas variopintas.

Esto, para el ciudadano de a pie, le supone un verdadero quebradero de cabeza, porque entre lo citado más arriba, se añaden las restricciones y confinamientos de los barrios e incluso las calles.

No entiendo en absoluto de control de pandemias y lo reconozco, no cómo el Gobierno de España cuya ignorancia en este aspecto ha quedado suficientemente demostrada y ahora, como Pilatos, se lava las manos en la gestión de la pandemia y traslada la responsabilidad a las Comunidades Autónomas, para que no se le achaquen más errores.

Bueno y todo esto ¿de qué manera afecta al transporte por carretera? En la primera fase de la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma en toda España, al menos encontrábamos un solo interlocutor al que plantearle los problemas que iban surgiendo, el Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes. De aquella fase, no podemos acusarle de falta de colaboración, todo lo contrario.

Otra cosa fue la eficacia en la resolución de algunos problemas, como la carencia de mascarillas o la prohibición de que los conductores participasen en las labores de carga y descarga de los camiones. Pero, se logró, por ejemplo, que las en las estaciones y áreas de servicio se mantuviesen abiertos los aseos para el uso de los conductores, se permitiese el avituallamiento de los mismos o se dejasen temporalmente sin efecto determinadas normas que regulan los tiempos de conducción y descanso así como las restricciones de tráfico.

Una vez cedidas estas competencias a las Comunidades Autónomas, la comunicación y coordinación es un verdadero desastre. Por ejemplo, en algunas cierran los servicios de restauración de carretera; en otras los mantienen abiertos pero el conductor solo puede entrar a usar el aseo o recoger un bocadillo que tiene que comerse fuera o en la cabina de su camión y en otras, por último, permiten que los conductores profesionales hagan uso de sus instalaciones para poder tomar un plato caliente al abrigo del frío del pleno invierno.

Otros países como Francia mantienen abiertas una red de áreas de servicio para atender a los conductores profesionales en todas sus necesidades; pero aquí los conductores han pasado de ser trabajadores esenciales a trabajadores normales y corrientes.

Reino Unido, exige a los conductores profesionales antes de salir del estado, una prueba COVID-19, que si resulta positiva le obliga a realizar allí un confinamiento de diez días, para empezar. Algunos países de la UE a los conductores profesionales no les exigen nada; sin embargo en Alemania deberán cumplimentar un Registro digital de entrada y guardar 10 días de cuarentena si van a permanecer más de 72 horas en el país germano.

Otros exigen certificado de desplazamiento. En fin como decía al principio un galimatías que no solo acarrea graves molestias para los conductores, sino que supone una carga administrativa para las empresas y un incremento de costes disparatado. Pero como dice un amigo mío: es lo que hay.