Comenzamos un año que se presenta lleno de nuevos retos para el transporte, tanto de mercancías como de viajeros.

En el transporte de mercancías, el Comité Nacional del Transporte, sigue negociando con la Administración temas tan importantes como la regulación de la subcontratación, las medidas a adoptar para posibilitar la incorporación de nuevos conductores, las nuevas masas y dimensiones de los vehículos así como el calendario para su entrada en vigor o el estudio de los tiempos de espera para la carga y descarga que se está realizando para detectar aquellos centros logísticos, de distribución o fabriles donde dichos tiempos son excesivos y arbitrar medidas correctoras que favorezcan la competitividad de las empresas de transporte.

La aplicación de la bonificación del precio del combustible, hasta el 31 de marzo de 20 céntimos y desde el uno de abril al 30 de junio de 10 céntimos, ha sido el último logro conseguido y habrá que ver qué ocurre a partir del 30 de junio si no se cuenta ya con esas ayudas.

Otro frente abierto es la negociación del III Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías, y en Murcia la vuelta a la negociación del Convenio Colectivo que ha solicitado Froet ante la pasividad de los sindicatos para tratar de solucionar esta anomalía que no tiene mucha explicación.

Existe una gran incertidumbre sobre la movilidad, que afecta tanto al transporte de viajeros como de mercancías. La implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes es un tema muy preocupante en dos aspectos.

El primero es la armonización de la aplicación de las distintas ordenanzas municipales a fin de que no resulte un verdadero quebradero de cabeza para los transportistas que se desplazan entre distintos núcleos de población.

El segundo, es hacer compatible un uso racional de estas medidas con el desarrollo de la actividad de transporte. En una época en que la distribución urbana de mercancías se encuentra en pleno apogeo, debido esencialmente al comercio electrónico, resulta impensable que se reduzcan las plazas para la carga y descarga, que siempre han sido insuficientes, o que se exija el acceso a estas zonas de bajas emisiones con vehículos eléctricos o con determinada etiqueta medioambiental, lo que supondría tener que realizar inversiones extraordinarias para las que el sector no se encuentra preparado y más, teniendo en cuenta que la mayoría de estos servicios los realizan pequeñas empresas y transportistas autónomos.

Lo mismo ocurre con el transporte de viajeros en autobús en el que, no solo se han de tener en cuenta las concesiones de servicios urbanos que deberán poder repercutir la adaptación de sus flotas como un mayor costo de la explotación, sino que hay otros servicios no sujetos a concesión, como pueden ser el transporte escolar, que recordemos puede realizarse con vehículo de hasta 16 años de antigüedad, o el transporte turístico al que se debe permitir el acceso a los centros de las ciudades.

La situación económica, tampoco tiene pinta de ir a mejor. No sabemos cómo se va a comportar el precio de la energía, que, entre otras cosas depende de la maldita guerra, pero si sabemos que los créditos estarán más caros para combatir una inflación que parece imparable y que el resto de los componentes de los costos de una empresa de transportes, se han disparado.

Así pues, nos enfrentamos a un año lleno de incertidumbres que deberemos afrontar y nuevos retos que superar. Pero como dice un amigo mío, este sector puede con todo, y es verdad.