En un mundo en constante evolución, donde la competencia empresarial exige una adaptación continua, las empresas de transporte de mercancías se topan, además, con el desafío de dar respuesta a una demanda creciente y es que las proyecciones indican un crecimiento del 60% en la demanda de movilidad para 2050 en comparación con la década pasada. Una previsión que contrasta con la realidad imperante: escasez de conductores de camión, prohibición de usar ciertas carreteras en determinados días de la semana; mayor exigencia de calidad y puntualidad en los servicios de transporte; y compromiso de reducir su huella medioambiental.

La única receta posible para este diagnóstico es hacer más con menos, es decir, maximizar la eficiencia en todos los aspectos del transporte terrestre de mercancías. Desde aumentar la carga por camión y reducir la energía utilizada por viaje hasta minimizar los kilómetros recorridos en vacío y aprovechar al máximo la capacidad de carga. ¿Y esto cómo lo logramos? Con digitalización, impulsando la intermodalidad, haciendo uso de un mix energético -para lo que necesitamos el beneplácito de Bruselas- y mejorando el diseño de los camiones y las infraestructuras.

La digitalización es clave para minimizar, o incluso eliminar, los tiempos muertos de espera en las áreas de carga y descarga; reducir los kilómetros recorridos con sistemas inteligentes de gestión de flotas; y realizar mantenimientos más eficientes gracias a las tecnologías de seguimiento y telemática que proporcionan datos en tiempo real sobre el rendimiento de los vehículos.

Por su parte, la adopción de la comodalidad nos permite aprovechar las fortalezas de cada modo de transporte y optimizar la cadena de suministro en su conjunto. En cuanto al diseño de vehículos e infraestructuras viarias, ya se están realizando avances significativos como la optimización aerodinámica de los camiones, que reduce la resistencia al aire, lo que se traduce en un menor consumo de combustible; o el enorme potencial que representan los duotrailers. Además, el desarrollo de infraestructuras inteligentes, como carreteras con carga inductiva para vehículos eléctricos y sistemas de asistencia a la conducción, contribuye a mejorar la eficiencia y la seguridad.

Nuestro sector estaría mucho más capacitado para afrontar todos estos retos si tuviera verdadero “músculo” empresarial y es que no podemos olvidar que de las más de 100.000 empresas de transporte terrestre de mercancías que operan en nuestro país, aproximadamente sólo un 4% son de gran tamaño. El hecho de que la mayoría sean pequeñas se traduce a la postre en menor capacidad de inversión en tecnología y flotas modernas, menor productividad y menor competitividad en el mercado internacional, peor acceso a financiamiento favorable, debilidad a la hora de negociar con sus clientes o proveedores y poco atractivo para atraer talento joven a la profesión de transportista.

Esta fragmentación empresarial que nuestro sector arrastra desde hace décadas también se refleja en el número de personas ocupadas por empresa: mientras que en Francia y Alemania la media se sitúa en 12 personas; y en Portugal, en 9,5; España se encuentra a la cola con sólo 3,3 profesionales empleados en cada compañía transporte público de mercancías por carretera.

Conseguir dimensionar el tamaño de nuestras compañías no es tarea fácil en un país como el nuestro que parece empeñado en desincentivar el crecimiento empresarial con una estructura fiscal desequilibrada que “premia” a los más pequeños al perpetuar el régimen de módulos que permite a los transportistas autónomos tributar menos que el resto de empresas con las que compiten en el mercado.

Las organizaciones de más de 50 trabajadores, además de estar obligadas a contar con un comité de empresa, un plan de igualdad y un buzón de denuncias, también afrontan unas obligaciones fiscales asfixiantes. El marco regulatorio está plagado de normativas bien intencionadas que condenan a estas empresas a seguir siendo pequeñas. Me refiero a normativas como las del IVA, que se vuelve más gravosa cuando una compañía factura más de 6 millones de euros; o el Impuesto de Sociedades, que en España es un 23,7% más elevado que la media de la UE y un 22% superior al del promedio de la OCDE.

Es cierto que en los dos últimos años se está viviendo una ola de fusiones y adquisiciones por parte de multinacionales extranjeras y fondos de inversión sobre nuestras empresas transportistas, pero si queremos que esta tendencia M&A continúe debemos garantizar seguridad jurídica y regulatoria y certidumbre institucional que genere estabilidad y confianza en las empresas.

Este "músculo” empresarial no solo beneficiaría a las empresas del sector, sino también a la economía en general. Un sector del transporte de mercancías por carretera fortalecido mejoraría la eficiencia logística de nuestro país y contribuiría a la creación de riqueza y empleo. Nos beneficiaría a todos.