Con consenso. Claro que sí. Será con consenso. Pero será, y todo apunta que más pronto que tarde. El nuevo director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, ha presentado oficialmente al Comité Nacional del Transporte, bajo la rimbombante denominación de Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera, un "lote" de medidas que no se puede decir que no venga "variadito":  44 toneladas, 4,5 metros de altura, pago por uso y duotrailer de 31 metros y 70 toneladas, por citar las que más ampollas levantan entre los transportistas (con diferencias según cada medida y cada "familia" del trasporte).

Se trata, conviene recordarlo, del primer documento (de momento no ha pasado de ser una diapositiva, aunque el propio Comité Nacional asegura que el Plan ha sido elaborado ya por una consultora) con el que el Ministerio de Transportes da respuesta a los compromisos firmados por el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, que sirvieron para desconvocar el paro sectorial el pasado mes de julio.

Ante el planteamiento actual del ministerio, Carmelo González, presidente del CNTC, asegura que tiene la sensación de haber "perdido un año" en relación con los inexistentes avances entre transportistas y ministerio. Me temo, querido Carmelo, que te has quedado corto en tu apreciación temporal. Es mucho más el tiempo que el sector del transporte lleva a la espera de que el Gobierno afronte con resolución, de una vez por todas, asuntos pendientes desde hace demasiado tiempo.

Ahora, aunque ya casi resulte imposible de creer, se avecina la puesta en marcha de un nuevo calendario de reuniones que debería servir para analizar las medidas contenidas en el Plan, del cual ha desaparecido ya la referencia temporal 2021-2023. Un "día de la marmota" que se repite una y otra vez en las absolutamente enfangadas relaciones entre el Gobierno y los transportistas.

El documento mostrado por Jaime Moreno contiene bastantes de arena y algunas de cal. La modificación de la normativa de pesos y dimensiones es una demanda a la que se comprometió con Anfac el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio del año pasado. La implantación de los duotrailer avanza con poco ruido por nuestras carreteras y las pruebas de la DGT servirán para otogarles luz verde. Y mucho más espinoso se antoja el asunto del pago por uso de las autovías, medida reflejada negro sobre blanco en el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno.

Entre las de cal, se anuncia un plan de ayudas para la renovación de flotas de camiones, del que se desconoce absolutamente todo, empezando por las cuantías y la fecha de puesta en marcha, aunque no hay duda de que se trata de una decisión bien encaminada, al igual que las actuaciones relativas a la regulación de la carga y descarga, entre las que se prevé el establecimiento de los supuestos de exclusión y de responsabilidad en casos concretos así como su regulación independiente en los contratos de transporte. 

Una cosa parece clara: el consenso para aceptar todas las medidas que afectan más o menos negativamente al transporte pasa por asumir el plan en su conjunto. Esta es la jugada, y no otra, del Mitma. Aunque todo apunta a que una vez asumido el plan medidas como las 44 t o los 4,5 metros están mucho más avanzadas para su entrada en vigor que las que responden a demandas de los transportistas, como la regulación de la carga y descarga o el establecimiento de aparcamientos seguros, por no hablar de las ayudas para renovar flotas. 

Más allá de todo ello, y aunque no forma parte del plan, sería injusto no reconocer el avance que llegará para las empresas de transporte con la entrada en vigor del régimen sancionador de la morosidad, cuya tramitación está ya en el Congreso, y que supondrá un tratamiento diferenciador para este sector frente a cualquier otro de la actividad económica.

PAGO POR USO, ¿PARA QUÉ USUARIOS?

En relación con el pago por uso, medida polémica donde las haya de la que se viene hablando desde hace ya muchos años, el enfrentamiento entre los transportistas y el Gobierno puede subir muchos enteros si finalmente se opta porque se obligue a pagar única y exclusivamente a los transportistas. 

Si se trata de pagar por usar las autovías para afrontar su mantenimiento y que otras partidas de gastos consideradas esenciales (sanidad, sin ir más lejos) no se vean afectadas (más aún en pleno levantamiento de peajes en autopistas), entonces lo mínimo que se le puede exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez es coherencia a la ahora de aplicar su planteamiento.

Si por falta de coraje político para asumir el coste electoral de una medida que requiere mucha pedagogía entre los usuarios de las autovías, el Gobierno al final opta porque únicamente los transportistas sean los destinatarios del pago por uso, ese mismo momento será más que propicio para que el sector, cargado de razón a partir de esta hipotética injusticia, no pegue otro puñetazo más en la mesa (como ocurrió en julio del 2020), sino que directamente agarre la mesa y la arroje por la ventana.