El proyecto de la norma que prepara el Gobierno para aprobar ayudas para el transporte ferroviario de mercancías contempla que únicamente puedan ser beneficiarias de esas subvenciones las empresas ferroviarias. Y esto no gusta a los cargadores, que argumentan que son quienes deciden trasladar sus mercancías al ferrocarril y soportan los sobrecostes ocasionados por las obras y restricciones de la red.

A pesar de compartir el objetivo, la Asociación de Cargadores de España (ACE) considera que el sistema de ayudas será incompleto y perderá eficacia si limita la condición de beneficiarias a las empresas ferroviarias y excluye a los cargadores.

Uno de los objetivos de las ayudas –que están abiertas a participación pública hasta el 21 de septiembre– es compensar los sobrecostes, retrasos y pérdidas de contratos que las diversas obras de mejora de la infraestructura están causando actualmente. En este sentido, ACE argumenta que cuando las obras o las restricciones de capacidad impiden que los trenes circulen por los corredores previstos, son ellos quienes soportan buena parte de las consecuencias económicas derivadas de la contratación urgente de transporte por carretera, los transbordos y acarreos adicionales, el almacenamiento, la manipulación extraordinaria de la mercancía, la inmovilización de inventarios y los incumplimientos de los plazos de entrega.

En palabras de Nuria Lacaci, secretaria general de ACE: "No basta con incentivar a quien presta el servicio ferroviario. Si queremos que más mercancías viajen en tren, las ayudas deben alcanzar también a quien decide utilizarlo y asume el riesgo económico de esa decisión".

Por ello, ACE solicitará al Ministerio de que los cargadores que organicen y contraten el transporte ferroviario puedan ser beneficiarios directos de las ayudas, estableciendo las medidas necesarias para evitar la doble financiación de una misma operación.

Repercutir la ayuda

La asociación advierte también de que el proyecto presume que las ayudas concedidas a las empresas ferroviarias se trasladarán indirectamente a sus clientes, pero no establece ningún mecanismo obligatorio, medible y verificable que garantice esa repercusión. De hecho, si Transportes no acepta que se les incluya como beneficiarios, ACE reclamará que se garantice el traslado de una parte verificable de su importe a los cargadores mediante descuentos, abonos, reducciones tarifarias o mejoras cuantificables del servicio.