IRU exige que los Gobiernos compensen los daños de los agricultores a los transportistas
Critican la "pasividad" de muchas de las autoridades y piden a la Unión Europea que mantenga los corredores más importantes abiertos.
Las protestas de agricultores en toda Europa "han perturbado gravemente las cadenas logísticas, bloqueado rutas clave, atacado camiones y destruido cargamentos, a menudo con la policía como testigo pasivo", denuncia la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU). La asociación de transportistas exige que los Gobiernos compensen los daños de los agricultores a los transportistas por el coste para los conductores y las empresas que han supuesto los ataques y que "va en aumento".
"Si los Gobiernos no cumplen su función protectora, tienen que pagar por los daños. Nadie más lo hará. Los transportistas necesitan ahora procesos sencillos y transparentes para reclamar indemnizaciones", exige Raluca Marian, directora de la IRU para los asuntos legislativos de la UE. La asociación también ha pedido a la Unión Europea que mantenga los corredores más importantes abiertos.
Marian defiende que los Gobiernos tienen el deber de asegurar la libre circulación de mercancías y garantizar la seguridad de los conductores y su carga: "La ruptura sistémica de la autoridad y el orden que se observa en estas protestas plantea la legítima reclamación de las víctimas -los transportistas- a los Gobiernos para que les compensen por sus pérdidas".
El coste medio para el conductor u operador de un camión bloqueado es de aproximadamente 100 euros por hora. A estos cálculos, IRU argumenta que los costes pueden dispararse rápidamente, afectando especialmente a los propietarios-conductores y a las pequeñas y medianas empresas de transporte. Los costes económicos generales ascienden ya a muchos millones de euros.
Para IRU, tanto la UE como los países de toda Europa han fracasado a menudo a la hora de garantizar la continuidad de las cadenas logísticas y proteger a los conductores que simplemente intentan hacer su trabajo. Para los transportistas, la incapacidad para actuar y proteger el Estado de Derecho se demuestra con imágenes de policías que están presentes en el lugar de los hechos pero no intentan detener los daños criminales.
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