Jamás su antecesor, José Luis Ábalos, llegó tan lejos. A la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, le han bastado 49 días desde su toma de posesión para confirmar, sin necesidad de medias tintas, globos sonda o apelaciones a los mandatos llegados de Europa, la próxima implantación del pago en toda España para circular por la red viaria.
Raquel Sánchez ha despejado este domingo 29 de agosto, tres días antes del histórico levantamiento de los peajes en la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (Tarragona) y en la AP-7 entre Tarragona y La Junquera (Gerona), cualquier especulación sobre las intenciones del Gobierno del que forma parte: el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez articulará una propuesta para tarificar la red viaria que permita establecer un nuevo mecanismo de financiación del patrimonio vial, "basado en los principios de equidad territorial seguridad vial y sostenibilidad ambiental", tal y como ha precisado en un artículo publicado en La Vanguardia bajo el título "Hacia un nuevo modelo de transporte por carretera sostenible".
Para la titular del ministerio el objetivo del plan que acaba de revelar es "alcanzar un sistema justo para los ciudadanos y equilibrado para todos los territorios". En el análisis que defiende Raquel Sánchez, se trata de transitar hacia un sistema de contribución del usuario que libere una parte del presupuesto público destinado al mantenimiento vial para otras necesidades.
En su artículo, la ministra de Transportes hace hincapié en que el porcentaje de la red tarificada de alta capacidad en España es de los más bajos de Europa (el 15%), "mientras que países de nuestro entorno apuestan por cobrarla casi en su totalidad".
La apuesta por la implantación del polémico pago por uso en nuestro país que sostiene Raquel Sánchez parte de su convencimiento de que el modelo actual vigente en España para afrontar la financiación del mantenimiento de la red viaria no es coherente y resulta de difícil comprensión para los ciudadanos, además de crear "agravios territoriales y distorsiones en la eficiente asignación de tráfico". Por si fuera poco, el modelo actual, mantiene la ministra, "dificulta la aplicación de políticas para promover la sostenibilidad del transporte".
Quijano (CETM) reclama buena gestión presupuestaria
"Con todos mis respetos sra ministra, la solución al mantenimiento de la red vial es cuestión de buena gestión presupuestaria y destinar una pequeña parte de los 19.000 millones de euros que anualmente ingresa el Estado por el impuesto de combustible y su IVA". La primera reacción del transporte de mercancías por carretera al contundente artículo de Raquel Sánchez no se ha hecho esperar y ha llegado a través de un tuit publicado por José María Quijano, secretario general de CETM.
La confirmación del Gobierno para implantar el pago por uso se produce ante la inminencia del fin del pago de peajes en las autopistas AP-2 (Zaragoza-El Vendrell) y AP-7 (Tarragona-La Junquera). Ambos tramos suman 477 kilómetros hasta alcanzar los 1.029 kilómetros liberados de peajes en toda España desde 2018, estrategia que genera un ahorro anual para los ciudadanos, apunta la ministra, de 1.400 millones (662 millones de este ahorro se producirá en Cataluña).
Para terminar de rematar su planteamiento, Raquel Sánchez recuerda que el transporte representa el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, de los que la carretera aporta casi el 95%. "Para conseguir nuestros objetivos climáticos, tenemos que mirar a la carretera", asegura.
Nada dice de momento la ministra de la posibilidad de establecer un sistema que permita a los transportistas profesionales repercutir sobre el precio de sus servicios a sus clientes el coste de esta medida, una posibilidad ya adelantada a los transportistas por el director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, el pasado mes de abril.
Fue precisamente Jaime Moreno quien, en una entrevista concedida en julio a Ruta del Transporte, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad al transporte en relación con el pago por uso "e insistir en que el compromiso adquirido sobre la necesidad de consenso se mantiene vigente. Además, es una medida que requeriría de consenso parlamentario. De lo que se trata es de abrir un debate, que debería ser técnico, sobre el modelo de financiación de nuestras carreteras: casi todos los países de nuestro alrededor tienen un modelo de tarificación de infraestructuras. En todo caso, no se aplicaría antes de 2024".
Y el propio antecesor de Raquel Sánchez, José Luis Ábalos, defendió en un artículo publicado en el Anuario Radiografía del Transporte que "no vamos a implantar reformas que afecten a este sector sin el consenso necesario para ello". Este compromiso, el del consenso previo, sirvió para desactivar el julio de 2020 el paro patronal convocado por el sector del transporte de mercancías por carretera.
