La equiparación del impuesto del gasóleo con el de la gasolina –que supondría subir el impuesto del diésel casi 10 céntimos por litro– es un asunto pendiente del Gobierno. La principal patronal del transporte de mercancías por carretera, CETM, teme que en las próximas semanas el Ejecutivo vuelva a intentar sacar adelante esta reforma porque la Comisión Europea le ha dado un ultimátum para que lo haga antes de 31 de agosto si quiere cobrar 475 millones de euros del Plan de Recuperación.

Para CETM esto tendría "un impacto directo sobre la competitividad de las empresas de transporte, con el consiguiente efecto sobre toda la cadena de suministro, los costes logísticos y, en última instancia, sobre el precio final de los bienes y servicios que reciben ciudadanos y empresas". La patronal argumenta que el sector "lleva años afrontando un incremento continuado de sus costes de explotación como consecuencia del encarecimiento de los combustibles, el aumento de los costes laborales y financieros, el incremento de las cargas regulatorias y las inversiones necesarias para avanzar en la descarbonización y la digitalización del transporte".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado en varias ocasiones equiparar la fiscalidad que soporta el gasóleo con la de la gasolina, pero no ha obtenido nunca la mayoría parlamentaria necesaria. La última vez que el Congreso rechazó la propuesta fue en noviembre de 2024. La Cámara Baja también echó para atrás esta propuesta en 2019 y 2020.

Exención para el gasóleo profesional

Las propuestas que el Gobierno ha llevado al Congreso excluían de esta subida al gasóleo profesional, al que están acogidos los transportistas con vehículos de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. Por eso, CETM alerta de que esta medida tendría una especial incidencia sobre las empresas que operan con vehículos ligeros "que no pueden acogerse a la devolución del gasóleo profesional y asumirían íntegramente el incremento de la carga fiscal, con el consiguiente impacto sobre sus costes de explotación y su tesorería".

La patronal reclama al Gobierno que cualquier decisión en materia fiscal con incidencia en el transporte de mercancías por carretera se adopte desde el diálogo con el sector, "evaluando previamente su impacto económico y preservando la viabilidad de decenas de miles de empresas de transporte que resultan esenciales para el funcionamiento de la economía española".