La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), la Asociación Europea de Transportistas (UETR, que representa a pymes y autónomos del sector) y otras cuatro patronales de diferentes industrias han pedido por carta a los legisladores de la Unión Europea que se centren en los incentivos y no impongan a las flotas comprar vehículos cero emisiones. Este comunicado conjunto (se puede leer completo aquí) llega cuando el Consejo y el Parlamento debaten estos días el paquete para flotas corporativas que presentó la Comisión en diciembre y, aunque en principio deja fuera a los camiones, sí persigue que las empresas estén obligadas a contar con un número mínimo de coches y furgonetas cero emisiones. Los transportistas siempre han rechazado que se les imponga comprar un modelo de propulsión.
"Existe una clara intención de intervenir directamente en la forma en que los Estados miembros configuran sus regímenes fiscales para el tratamiento de los vehículos de empresa. La propuesta actual constituiría un mandato de facto de comprar vehículos cero emisiones a partir de 2028, yendo mucho más allá de los objetivos vinculantes propuestos, y mucho más allá de una base jurídica centrada en las emisiones", lamenta este comunicado conjunto, que además de IRU y UETR está firmado por la patronal uropea del leasing (Leaseurope), la de entidades de financiación (Eurofinas), los distribuidores del mercado de repuesto y posventa (Figiefa) y la Asociación Europea de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas.
Lo que estas entidades piden a la Unión Europea es que adopte un enfoque más equilibrado y eficaz que respalde una transición de flotas comercialmente viable para las empresas y los operadores. En su carta defienden que "los países con mayor ritmo de adopción de vehículos eléctricos de batería han logrado sus resultados gracias a sólidos marcos de incentivos, combinados con una inversión sostenida en condiciones propicias, entre las que se incluyen incentivos fiscales, infraestructura de recarga y entornos normativos estables, y no mediante objetivos vinculantes".
Raluca Marian, directora de IRU para asuntos legislativos de la UE, defiende que la adopción de vehículos de cero emisiones en las flotas no se puede lograr mediante "un enfoque vertical basado en objetivos vinculantes": "En general, cualquier medida centrada en la demanda debe contar con las condiciones propicias adecuadas. Un despliegue más rápido de infraestructura de recarga pública y en depósitos, tanto para vehículos comerciales ligeros como para vehículos pesados, una mayor capacidad de la red eléctrica y un mayor apoyo a la inversión en flotas, incluso mediante incentivos operativos, serán esenciales para que la transición sea viable para todos los operadores, incluidas las pymes".
