Óscar Puente quiere limpiar el nombre del Ministerio de Transportes, que encabeza, después de que haya salido a la luz el caso Koldo, que toma el nombre del asesor del entonces ministro José Luis Ábalos que presuntamente se lucró por intermediar en contratos de compra de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. El actual ministro se ha mostrado dolido con quien fuera su antecesor en el cargo hasta 2021 y le ha exigido que asuma sus responsabilidades políticas: "Nadie en el PSOE le está acusando de corrupción, pero no es eso de lo que hablamos, sino de responsabilidades políticas. Cuando uno elige a sus cargos de confianza, y más si esas personas son tan cercanas, tiene un responsabilidad ineludible".
Puente ha comparecido este martes para detallar la auditoría que ha encargado para investigar los contratos de emergencias -que se permitieron por la urgencia de la pandemia con menores controles previos- para comprar material sanitario por parte de su Ministerio.
Ha reconocido que las irregularidades que implican al exasesor de Ábalos, Koldo García, no están en las prácticas contractuales sino en las mordidas que este cargo de confianza cobró por conseguir dichos contratos. Preguntado entonces por si esta auditoría puede aportar alguna novedad responde que su Ministerio tiene que "contribuir": "Voy a aportar a la Administración un documento que ayude a la investigación". Los resultados serán puestos a disposición de la Justicia y de las comisiones de investigación del Congreso y Senado.
Dos contratos bajo sospecha
Puente ha especificado que se auditarán los contratos dependientes del Ministerio -ya que el caso salpica también a contratos de los Gobiernos de Baleares y Canarias- y que se llevará a cabo por la Inspección General de Servicios, por "funcionarios de carrera cuyo puesto no depende de ningún político y que podrán requerir cualquier documento y entrevistar a cualquier persona".
Por el momento, los contratos bajo sospecha son los que sirvieron para la adquisición de ocho millones de mascarillas por parte de Puertos de Estado y otras cinco millones de mascarillas por parte de Adif, pero Puente ha preguntado al resto de sociedades dependientes del Ministerio si realizaron otros contratos de adquisición durante esos meses. Las mascarillas que compró Puertos del Estado fueron repartidas a los transportistas en los primeros meses de la pandemia, y Puente ha asegurado que no le costa que tuvieran ningún defecto de calidad "y fueron distribuidas" con normalidad.
El ministro también ha enfatizado que ambos contratos fueron posteriormente auditados por el Tribunal de cuentas y por la Intervención General de la Administración del Estado, sin que encontrara ninguna irregularidad en ellos. "Me gustaría reseñas que Tribunal de Cuentas destacó que Puertos del Estado adquirió estas mascarillas por el precio más bajo que pagó la Administración General del Estado durante esos días: 2,4 euros por mascarilla", ha señalado.
"Se tiene que tener en cuenta que en ese momento de la pandemia se recurría a quién se conocía. Seguro que las prácticas contractuales no fueron las más pulcras, pero lo relevante es si se cobró mordidas por las mascarillas, y las responsabilidades políticas que de ello derivan", ha concluido.
