Sector | Los transportistas valencianos exigen que la Zona de Bajas Emisiones “no les penalice”

FVET reclama al Ayuntamiento que fije un periodo de transición para renovar las flotas de las empresas que operarán en la ZBE.

La ZBE está previsto que se implante en Valencia en 2023.
La ZBE está previsto que se implante en Valencia en 2023.

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y La Logística (FVET) ha pedido al Ayuntamiento de Valencia "que el futuro modelo de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tenga presente las operativas del sector que se realizan en esa área". La asociación recuerda que la restricción de acceso en función del etiquetado medioambiental del vehículo "afectará principalmente a los servicios de mudanzas, de distribución urbana de mercancías y a las operativas de grúas, subsectores que representan, según la Federación, el 25% de las empresas transportistas valencianas asociadas".

"Es imprescindible fijar un periodo de transición para renovar las flotas y, en paralelo, incrementar las ayudas para las empresas que tienen dificultades para realizar la transición"

Carlos Prades

Así lo reivindica Carlos Prades, presidente de FVET: "El transporte que opera en Valencia ya se ha visto penalizado por la remodelación del casco antiguo. Ahora, mientras se está definiendo el modelo de ZBE, pedimos que se considere nuestra actividad que, entre otras cosas, permite abastecer de medicamentos, alimentos y otros productos de primera necesidad a particulares y a empresas". 

Además, demandan más recursos para la renovación de flotas: "Es imprescindible fijar un periodo de transición para renovar las flotas y, en paralelo, incrementar las ayudas para las empresas que tienen dificultades para realizar la transición". La ZBE está previsto que se implante en Valencia en 2023, pero todavía no está definido el modelo. 

Gruas afectadas

FVET remarca especialmente el impacto para los gruistas. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Grúas, Fran Alapont, subraya las dificultades que tiene este tipo de transporte para renovar las flotas. "El plazo de amortización de la inversión de una grúa es superior a siete años. Pensar que puede haber una normativa que dificulte la entrada a la ciudad de estos vehículos en un horizonte inferior a esos ocho o diez años nos parece una barbaridad", asegura Alapont.

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