La mitad de las empresas de transporte considera que la sostenibilidad es muy o bastante prioritaria, pero el 63% de ellas compraría ahora mismo un camión de gasóleo. Solo un 3% de los transportistas pagaría un camión eléctrico puro, un 11% apostaría por un híbrido y un 20% por otra energía, como el gas natural.

A la hora de decantarse por un modelo de camión u otro, la relación calidad-precio es lo más importante para el 21% de las empresas, pero también tiene mucho peso asegurarse de si el camión cumple con las normativas europeas (es lo más importante para el 17% de las empresas). Son algunas de las conclusiones de la encuesta de Seguridad, medioambiente e innovación que Continental y Fenadismer han realizado entre todos los socios de la federación de transportistas, y a la que han contestado 240 empresas. Entre los motivos para comprar un camión quedan rezagados los relacionados con la sostenibilidad: solo el 8% prioriza la reducción de emisiones y un 7% la reducción en el consumo de combustible.

Para Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, esta encuesta arroja resultados "sorprendentes" que demuestran que "los transportistas no siempre coinciden con las prioridades de los políticos". Gil ha señalado este martes, en la presentación del estudio, que mientras los Gobiernos -tanto el español como la Comisión Europea- se lo juegan todo a la electrificación, "el sector sigue sin saber por qué apostar".

Gil explica que su asociación apuesta por el camión eléctrico, pero "o se hace atractivo o el sector no va a hacer el cambio". Cree que las administraciones deben apoyar "la neutralidad tecnológica" y cualquier tecnología sostenible tiene que ser admitida.

Antonio Sangüesa, responsable de Servicios y Soluciones a flotas de Continental, reconoce que "a veces los cambios legislativos impulsan mejoras, pero la normativa europea no está ayudando a que los transportistas quieran electrificar sus flotas. El sector está muy preocupado por la sostenibilidad, pero no ve una solución real". Él defiende que no se debe legislar solo para una única tecnología, sino para un mix de tecnologías.

Un tercio de los encuestados ha respondido que todas las medidas son importantes en materia de sostenibilidad. Esta pregunta permitía varias respuestas y el 38% ha señalado que reducir las emisiones con medidas graduales es lo más importante, un 37% que los nuevos tipos de combustión, y solo un 11% ha marcado como principal la adaptación a la normativa europea.

La encuesta muestra también que solo un 20% de las empresas está preparada para instalar en su flota el tacógrafo inteligente de segunda generación, que será obligatorio para los camiones que realicen transporte internacional desde el 1 de enero de 2025. El 45% asegura no poder instalarlo debido a su elevado precio y el 30% porque tiene problemas para poder adquirirlos. En este punto, Juan José Gil recuerda que existen subvenciones para instalar el nuevo tacógrafo, pero que terminan en junio. 

Además, siete de que cada diez transportistas no encuentra ninguna ventaja en el tacógrafo inteligente de segunda generación. Un 18% mencionan las ayudas y un 8% habla de evitar inmovilizaciones, ya que el nuevo tacógrafo registra de forma automática el cruce de fronteras y el conductor no necesita parar para introducirlo manualmente. A Antonio Sangüesa le sorprende las pocas ventajas que encuentran los transportistas en este aparato de control y cree que las administraciones tenían que haber incidido más en ellas.

Una profundidad mínima en el neumático

La encuesta también aborda temas relacionados con la seguridad. En este sentido destaca que seis de cada diez transportistas estaría de acuerdo con que se estableciera una profundidad mínima en el dibujo del neumático, algo que ahora es obligatorio en los turismos, pero no en los camiones.

Jorge Cajal, director de comunicaciones y relaciones externas de Continental, define como "anacrónico" que esto no sea un requisito obligatorio, y subraya que en Portugal y Francia sí lo es. Explica que Continental lo ha planteado en la DGT y en las administraciones competentes y considera que es cuestión de tiempo que se exija, sobre todo porque la mayoría de transportistas están dispuestos a autoimponérselo, como demuestra la encuesta.