El consejero delegado de Ontime, Ángel González, ha expresado públicamente su visión crítica sobre la recientemente aprobada Ley de Movilidad Sostenible, cuestionando su utilidad práctica para el transporte de mercancías por carretera tras un largo proceso legislativo.

En una publicación difundida en LinkedIn, González considera que  “después de cinco años, 110 artículos, 71 disposiciones y dos anexos, el transporte de mercancías queda prácticamente igual que antes de la ley”. A su juicio, la norma ha supuesto un importante consumo de recursos y tiempo sin que se traduzca en avances tangibles para las empresas.

Un origen marcado por la financiación y Europa

Según explica el directivo del gigante español del transporte y la logística, el texto normativo nació en 2020 como un proyecto de “Ley de financiación del transporte público y movilidad”, con dos objetivos claros: dotar de un marco estable al sistema concesional del transporte de viajeros por carretera y cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea para desbloquear fondos Next Generation.

Sin embargo, el planteamiento inicial fue considerado “poco verde” desde Bruselas, lo que habría provocado —según González— una reformulación del texto para incorporar exigencias vinculadas a la agenda climática europea.

Sostenibilidad: referencias generales y obligaciones pendientes

Entre los principales añadidos, Ángel González destaca la incorporación de referencias al plan de la “Europa Verde”, así como un impulso reiterado al transporte ferroviario, aunque —apunta— sin concreción operativa.

También subraya la obligación de medir las emisiones de CO₂ por trayecto, un requisito que, en su opinión, resulta difícil de aplicar mientras no se definan desde Europa los criterios técnicos para realizar dichas mediciones.

Otro de los puntos señalados es la intención de unificar criterios en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una cuestión que llega cuando estos espacios ya son obligatorios desde hace tres años y sobre los que, recuerda, el Estado no tendría competencias directas en todos los casos.

Digitalización: más datos y un Documento de Control electrónico

En el ámbito digital, González menciona la futura obligación de remitir datos a un repositorio estatal (EDIM), que aún se encuentra en fase de desarrollo. Asimismo, apunta como novedad la obligatoriedad de portar en formato digital el actual Documento de Control.

No obstante, el directivo considera que la digitalización real del sector no pasa por replicar en formato electrónico los procesos en papel, sino por rediseñarlos y simplificarlos mediante sistemas digitales más eficientes.

¿Una “ley paraguas”?

Mientras algunos juristas han definido el texto como una “ley paraguas” que servirá de marco para futuros desarrollos normativos, González sostiene que, desde una perspectiva práctica, se trata más de una declaración de intenciones que de una transformación efectiva para el transporte de mercancías.

La reflexión final del directivo resume el malestar que, según él, persiste en parte del sector: “Las mercancías no votan y los viajeros sí”, una frase que apunta a la percepción de que la norma prioriza el transporte de viajeros frente al de mercancías.

Con esta crítica pública, se reabre el debate sobre el papel del transporte de mercancías en la política de movilidad y sobre si la nueva ley será capaz de traducirse, en el corto y medio plazo, en cambios reales para las empresas del sector.