La Xunta de Galicia ha pedido al Gobierno central el rescate y la liberalización de la AP9. Lo hace dos meses después de que la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), "ante la pasividad del Gobierno", haya solicitado ante el Tribunal Supremo la nulidad de todas las prórrogas del peajes de la AP9 y a la empresa concesionaria Audasa, así como la responsabilidad patrimonial del Estado para recuperar peajes pagados indebidamente.

Así lo señala Fegatramer en un comunicado en el que aplaude la decisión de la Xunta. En julio, la federación de transportistas avanzó su decisión de recurrir a la Justicia después de que haya transcurrido más de un lustro desde que la Comisión Europea señalara la ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9. De este modo, el sector quiere "poner fin al abuso que supone, para los transportistas de Galicia y para todos los ciudadanos gallegos, el mantenimiento de los abusivos peajes en la AP9", incide.

Antecedentes

Tal y como explica Fegatramer, la primera de las ampliaciones se otorgó en el año 1994, en que Audasa era una sociedad estatal. La ampliación del plazo concesional fue, fundamentalmente, para compensar a Audasa de los retrasos en los que había incurrido en el cumplimiento de los plazos de puesta en servicio de los distintos tramos de la autopista.

"Es decir, en lugar de penalizar dichos retrasos en el cumplimiento de los plazos contractuales, se le compensó ampliando el periodo de explotación durante diez años más. Al ser una sociedad estatal, se trató de un beneficio para la Administración y un grave perjuicio para los usuarios, que continuaron pagando peajes desde 2013 hasta 2023", señala Fegatramer.

La Administración amplió el plazo concesional 25 años más. La finalidad teórica, a efectos legales de esta ampliación, fue compensar a la sociedad concesionaria, que en aquel momento era de capital estatal, por la construcción del tramo de acceso norte a Ferrol, la gratuidad de los desplazamientos internos en el tramo Rande-Puxeiros y la aplicación de un nuevo sistema tarifario.

"La parte más importante de la realidad es que con esta ampliación de 25 años, la Administración aumento el valor de la autopista y la vendió por unos 1.000 millones de euros, a cuenta de los peajes a pagar por los usuarios", subraya la Federación.

El consorcio de sociedades adquirente de las acciones de la autopista, tenía que rentabilizar desde el año 2003 esa inversión y amortizar los 963 millones de euros que tenía pendientes por la construcción de la autopista. La suma de ambas cantidades (1.963 millones de euros) hasta 2023, exigiría una cantidad anual de 98 millones de euros, imposible de alcanzar, teniendo en cuenta que la cifra de negocio a 31 de diciembre de 2002 fue de 92 millones de euros, (se trataría de una inversión ruinosa, pero que sí resultaba atractiva con la ampliación de la concesión durante 25 años más).

"Estas dos ampliaciones del plazo concesional vulneraron el Derecho europeo y, al menos la segunda, entendemos que constituyó un fraude de ley, porque una concesión administrativa no tiene como finalidad procurar un 'negocio' a la Administración, sino satisfacer el interés público, que es todo lo contrario a lo que parece haber hecho la Administración en este caso concreto", asegura Fegatramer.

Por todo ello, Fegatramer ha decidido "no seguir esperando a ver qué pasa, demorando esta acción 'sine die', y acudir directamente a los Tribunales españoles, que son los que tienen competencia directa para anular estas prórrogas, sin esperar a lo que pueda decidir la Comisión Europea que, en todo caso, tiene que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que la decisión que pueda adoptar sea eficaz". "No olvidemos que la Comisión inició este asunto en el año 2019, es decir, hace seis años", añade.

DICTÁMENES MOTIVADOS

La Comisión ha emitido dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.

España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE, precisa la Federación.

Y recuerda: "En virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación".

España disponía de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. Como no lo ha hecho, la Comisión podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"En conclusión, cuando el Gobierno dice que nos han ahorrado 375 millones de euros desde 2018, debería de decir que los pagamos vía impuestos. Entendemos que la prórroga es nula y por lo tanto no debería haberse cobrado peaje alguno por parte de la concesionaria a los transportistas de Galicia y, en general, a toda la sociedad gallega. Por todo ello, hartos de esperar, Fegatramer, a través de la acción judicial procederá a reclamar lo pagado a Audasa, porque se considera el contrato nulo de pleno derecho", apostilla.