La Federación Gallega de Transporte de Mercancía (Fegatramer) busca que el Tribunal Supremo declare nulas las prórrogas de la concesión de la AP-9 y que, por tanto, sean ilegales todos los peajes cobrados desde 2013. La federación de transportistas argumenta que la Comisión Europea señaló hace años la ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9.

El Gobierno central concedió sin licitación estas prórrogas a la empresa Audasa. Además, para Fegatramet, "su motivación resulta, cuando menos, sonrojante, pues, la primera prórroga, respondió a las necesidades de Audasa derivadas del retraso en la puesta en servicio de la AP-9 y la segunda, sirvió para que el Estado inflase su valor e ingresase mil millones de euros más por la venta de las acciones de Audasa".

A pesar de que la primera de las prórrogas se hizo con el Gobierno de Mariano Rajoy, la federación considera que el actual Ejecutivo no ha hecho nada para solventar la situación –"unos días señala culpables de estos despropósitos y otros días parece defender la legalidad de estas prorrogas y habla de recurrir las decisiones de la Comisión Europea"–. Fegatramer acude al Tribunal Supremo por ser el competente para que declare probada "esta evidente vulneración de la normativa española y comunitaria, la nulidad de estas prórrogas, el cese de cobro de los peajes y en su caso las responsabilidades del Gobierno por estas acciones y por su dejadez al permitir que se perpetue en el tiempo esta situación ilícita".